La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, Alliet Mariana Bautista Bravo, propuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezcan una mesa de trabajo a fin de encontrar una solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.
Dijo que desde el año 2000 han sido frecuentes los casos de ciudadanos que son defraudados por empresarios privados que bajo diversas figuras asociativas, ofrecen los servicios de ahorro y préstamo, “aprovechando el vacío dejado por la banca comercial que tiene muy baja penetración en regiones alejadas de los grandes centros urbanos”.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, precisó que por años ha quedado en evidencia que la regulación que aplican la SHCP y la CNBV a la banca comercial, además de no obligarla a cubrir todo el territorio, también le permite evadir una de sus funciones básicas; ser intermediaria del ahorro y el financiamiento nacional.
“De igual modo, le da oportunidad de realizar operaciones que ponen en riesgo el ahorro de sus clientes, como el envío de miles de millones de dólares de HSBC al exterior”, aseguró la diputada Bautista Bravo.
Añadió que los problemas para los usuarios del crédito en México son evidentes, porque aun cuando la tasa de referencia del Banco de México se encuentra en el nivel de 3 por ciento, la banca aplica restricciones que impiden el otorgamiento de financiamiento.
Por lo cual, de acuerdo con cifras del Banco de México, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado es cercano al 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); “totalmente insuficiente para impulsar la actividad productiva”, afirmó.
Las autoridades promueven figuras como las Sociedades Financieras “Populares”, que en realidad son empresas privadas que, como en el caso de Ficrea, actúan con gran libertinaje en operaciones fraudulentas.
En el mismo sentido, denunció, promueven a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o de Objeto Limitado (Sofoles), que en el caso de las que operaban en el sector de vivienda, ya obligaron a un rescate multimillonario por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal.
“Por esa flexibilidad e impunidad se aprovechan empresas privadas que llegan a las regiones más alejadas del país y a plena luz del día captan los ahorros que envían los migrantes, hasta que se fugan con los recursos”, añadió.
La diputada Alliet Bautista detalló que esos ejemplos evidencian la actitud omisa de la SHCP y de la CNBV, frente al surgimiento de firmas privadas, sobre todo en las regiones más apartadas del país, que captan ahorros del público en general, sin cumplir con ninguna normatividad y sin ninguna supervisión.
Estas autoridades deben comenzar aplicar una mejor supervisión a los Ficreas, a los SITMA, a Productos Amor, de Guerrero, y a otras tantas firmas privadas, que sin arraigo social, sin vigilancia y con aparente complicidad, siguen defraudando a los mexicanos mediante operaciones de ahorro y préstamo.
El caso más reciente, es el de Productos Amor, donde se demuestra el descuido y falta de interés en ofrecer soluciones reales a los sectores más desprotegidos de la población. En este caso ya se dio una solución en beneficio de sólo 5 mil 237 ahorradores, en un proceso que discriminó a 12 mil 500 familias ahorradoras, indígenas de la zona centro de Guerrero, dejándolas sin atención, a pesar de haber sido despojados de 360 millones de pesos.
Tal cifra, dijo, resulta insignificante si se compara con los 6 mil millones que causan desvelo por el Ficrea o los casi 20 mil millones de las sociedades financieras del sector vivienda o la cifra monumental que ha significado el IPAB.