La secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, denunció que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país.
Estos son, dijo la legisladora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.
Además, añadió, conforme a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existían al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas y 40 por ciento de ellos son indígenas.
Explicó que más de la mitad procede de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral, y su edad promedio era de 36 años.
Indicó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo y aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15 horas.
Puntualizó que de igual modo, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias.
“Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren”, alertó la diputada Aguilar Gil.
Añadió que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas.
Refirió que conforme a la organización Respuesta Alternativa, se tiene detectado que más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuenta con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas. “Esta problemática se ha presentado por la falta de supervisión de parte de las autoridades laborales, sanitarias, de asistencia social o migratorias”, acusó.
Por ello se pronunció porque el Congreso federal se ponga las pilas y trabaje para que brinden las condiciones de seguridad, higiene y justicia salarial que marca la ley para este sector del país.
Recordó que la Constitución señala que el Estado debe garantizar la efectiva aplicación de las leyes laborales, de seguridad y asistencia social, de educación y de los derechos humanos de estas personas.
“Es preocupante que el Gobierno haga uso de la fuerza para disuadirlos de ejercer su derecho a la asociación, libertad de expresión y negociación colectiva, para exigir el respeto a los derechos que durante décadas les han negado”.
La diputada Aguilar Gil relató que recientemente alrededor de 50 mil jornaleros se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales, y que la protesta de un grupo de jornaleros de San Quintin, del pasado 9 de mayo, terminó en un enfrentamiento entre campesinos y policías locales.
De ahí que en el punto de acuerdo remitido a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, también se pide a la Procuraduría General de la Republica investigue esos acontecimientos violentos.
Sostuvo que las autoridades deben abstenerse de vulnerar los derechos de los jornaleros agrícolas, intensificar el número de visitas de verificación en estos sectores de alta incidencia, así como fomentar mecanismos interinstitucionales para supervisar periódicamente los centros de trabajo, con la finalidad de evitar la explotación laboral y proteger los derechos humanos de los trabajadores.