La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo propuesto por el senador Carlos Sotelo García para exigir al gobierno de Chiapas decretar las medidas necesarias para asegurar que las autoridades locales no manipulen el poder punitivo del estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar o incriminar a activistas sociales.
La propuesta aprobada hace un exhorto al procurador de Justicia del estado de Chiapas para revisar la situación jurídica de los detenidos Caralampio Gómez Hernández, Alberto Patishtán Gómez, Francisco Sántiz López y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, así como de los 19 indígena tzotziles recluidos en penales estatales y dos de ellos en las Islas Marías.
Sotelo acustó que con la criminalización de la protesta “se ha pretendido controlar el descontento social al trasladar los conflictos de lo social a lo penal, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos”, en lugar de atender sus demandas.
Aseveró que a través de la utilización ilegal de los órganos de procuración y administración de justicia, “en el estado de Chiapas se recrudece cada vez más la persecución y criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Dijo que esta política de criminalización “es en realidad una política de control social, empleando cada vez más de manera injusta los delitos tipificados en la legislación penal local para enfrentar la inconformidad”.
El senador del PRD expresó que cada vez a más mujeres y hombres se les apresa sin existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan y su detención se relaciona directamente y de manera clara con su actividad de promover y procurar la protección y realización de derechos y las libertades fundamentales de campesinas y campesinos indígenas y de protección al medio ambiente en el estado de Chiapas.
Entre los casos más emblemáticos de este abuso de autoridad, dijo, están la reclusión ilegal de 19 indígena tzotziles originarios de las diversas comunidades del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán en diversos penales de Chiapas y dos de ellos en las Islas Marías.
Otro caso de represión judicial de líderes sociales en Chipas, es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, sentenciado a 60 años de prisión, coacusado de la presunta emboscada y asesinato a policías del municipio de El Bosque, en Chiapas, México. En el contexto de su detención, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo Municipal.
Una situación similar de estos casos es la de Francisco Sántiz López, quien se encuentra encarcelado injustamente con acusaciones falsas de haber dirigido un enfrentamiento, ocurrido en la comunidad de Banavil del municipio de Tenejapa, en el que falleció una persona.
“La fabricación del delito contra Francisco Sántiz tiene como finalidad destruir la resistencia de las comunidades zapatistas; están tratando de impedir a toda costa la construcción de la autonomía de los pueblos originarios, es parte del plan en contra las comunidades en resistencia”, denunció el senador Carlos Sotelo.