Diputados federales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía para que realice las gestiones necesarias a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) valore y, en su caso, inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección de la denominación de origen al limón colimense.
Argumentaron que Colima aporta cerca del 50 por ciento de la producción nacional del cítrico y produce 500 mil toneladas de esta especie; además, exporta más de 15 por ciento a diferentes partes del mundo.
Añaden que Colima es el estado con mayor productividad de limón en el país, con un promedio de 23 toneladas por hectárea y es la mayor actividad generadora de empleos en la entidad.
También acordaron aprobar el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión, la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.
Enseguida, se aprobó hacer un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la SE y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implemente las acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera y las medidas de salvaguarda que establece el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Además, que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles condiciones para que incrementen su capacidad de generar empleo e impulsar su propio crecimiento.
Otro dictamen avalado por este grupo de trabajo plantea exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, Sagarpa y SHCP, además de su contribución al cumplimiento de los compromisos del Pacto por México relativos al campo, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.
El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e impartición de educación para los campesinos.