La senadora panista Adriana Dávila Fernández consideró que las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones recién aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) sobre la geolocalización de celulares, son inconclusas y endebles “porque el tema no es lo que la ley te permite, sino los excesos en que las autoridades incurren”.
Y añadió: “Hay que ser muy cuidadosos porque la línea es muy delgada entre el derecho a poder ubicar a través de la telefonía celular a grupos delincuenciales y a utilizar ese mecanismo como pretexto para inmiscuirse y fincar responsabilidades a grupos o personas que no están involucrados en ilícitos”, señaló.
Dávila Fernández agregó que la información que se genera a través de llamadas interceptadas no garantiza que sean utilizadas con responsabilidad por autoridades tanto federales como locales. Por ejemplo, las autoridades locales utilizan ese tipo de mecanismos para obtener información y manipularla a su conveniencia en tiempos electorales.
Se trata, dijo, de un tema controvertido y complicado, porque depende de la responsabilidad de las propias autoridades.
“Lamentablemente se ha visto un abuso de instrumentos en ese tipo de localización y que se pueden confundir o mezclar con otro tipo de asuntos e intereses particulares”, añadió la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La senadora por Tlaxcala reiteró que el riesgo que se corre con la aplicación de este mecanismo es que las autoridades que tendrán permiso para utilizar la localización de celulares no lo hagan de forma adecuada y se siga violando el derecho a la privacidad de actores, incluso en el ámbito político.