Por Dolores Padierna Luna*
Documentado e ignorado desde 2005, a la fecha el caso Oceanografía se convierte en un quebranto sistematizado, impune y consentido por las mismas autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública que conoció desde el gobierno de Vicente Fox de las irregularidades cometidas por la empresa que administró Amado Yáñez Osuna.
En esta cronología nosotros podemos encontrar una actuación sistemática de la empresa, de Pemex-PEP, de la Función Pública, de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y de la reiterada y creciente impunidad de quienes se involucraron en los quebrantos a la paraestatal más importante del país.
La impunidad en torno a Oceanografía no aminoró. Por el contrario, se ramificó hacia otras compañías. La opacidad y la falta de transparencia en los contratos y en la renovación o ampliación irregular de los mismos se repitieron una y otra vez.
Esta cronología detalla lo siguiente:
1.-El caso Oceanografía no es ajeno a la corrupción del más alto nivel. La empresa se consolida en 2003 como proveedor relevante de Pemex, con un primer gran contrato de 1,600 millones de dólares, ayudados por un despacho jurídico vinculado al ex procurador Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Cevallos.
En 2004, Oceanografía se convirtió en instrumento y modelo de presunta red de prestanombres para que uno de los hijos de la ex primera dama Marta Sahagún obtuviera un contrato por 150 millones de dólares. El director general de Pemex fue Raúl Muñoz Leos, quien fue relevado del cargo ese mismo año ante presiones de la prensa y un fallo del Órgano Interno de Control por un contrato a una empresa que no era Oceanografía.
En 2005 se reveló un intento de fraude de Oceanografía a Bancomext por dos préstamos de 30 millones de pesos y de 25 millones de dólares. Amado Yáñez se libró entonces de la acción de la justicia, pero no modificó su conducta fraudulenta. El titular del órgano interno de control de Bancomext en ese entonces era Roberto Muñoz Leos, hermano del ex director de Pemex. Hubo dos averiguaciones previas presentadas ante la PGR sin ninguna consecuencia.
En 2006, los diputados federales formaron una comisión de investigación a los contratos de Oceanografía. Documentaron que en el sexenio de Fox la empresa obtuvo 5 mil 929 millones de pesos en contratos con muchas irregularidades. Y no pasó nada.
Por el contrario, en el sexenio de Felipe Calderón, Oceanografía obtuvo en 2007 y 2008 otros dos multimillonarios contratos de Pemex para realizar trabajos de construcción de obras complementarias de plataformas marinas.
Ambos contratos se modificaron con el argumento de las malas condiciones climatológicas que impidieron que la empresa cumpliera con lo estipulado en los contratos. Ambos contratos se extendieron hasta el 21 de agosto y el 16 de octubre de 2013, ya en el presente gobierno federal. Tan sólo uno de esos contratos fue por un monto de 36,234 millones de pesos.
En 2010, Pemex le concedió otro contrato a Oceanografía por 250 millones de peso. Se le asignaron tres convenios adicionales. La empresa terminó recibiendo 1,326 millones de pesos (430.5 por ciento más de lo acordado).
En 2012, en el último año del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía logró otros dos grandes convenios (por 309 millones y 288 millones de pesos) con Pemex. Ambos tuvieron ampliaciones, como en los casos anteriores, que le permitieron a la empresa privada recibir ingresos adicionales por 297 millones y 267 millones de pesos.
2.-La Auditoría Superior de la Federación no estuvo ajena a las irregularidades cometidas sistemáticamente por Pemex en su relación con Oceanografía. Desde el 15 de octubre de 2005, la ASF formuló un pliego de observaciones presumiendo un posible daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública. En ese entonces, fue por sólo 662 mil pesos.
Como observarán en esta cronología, la ASF revisó los contratos posteriores estableciendo un catálogo de irregularidades e incumplimientos de Pemex-PEP.
En septiembre de 2006, trabajadores de Pemex denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública irregularidades por 24 mil millones de pesos en el alquiler de barcos contratados por la gerencia de mantenimiento de PEP. Esta red de corrupción también incluyó a Oceanografía y a Cotemar.
Incluso, la ASF reiteradamente recomendó a Pemex-PEP en sus revisiones anuales que no autorizara convenios modificatorios, sin que previamente cuente con las justificaciones necesarias para llevar a cabo dichos convenios, en cumplimiento de los contratos. Como veremos, estas recomendaciones fueron ignoradas. Sobre todo, en el caso de la auditoría realizada en 2012, sobre los contratos firmados en junio de 2011.
Ante esta situación, es necesario que esta comisión establezca que, sólo por excepción, la ASF audite en tiempo real los contratos de los grandes proveedores de la administración pública federal y que la Secretaría de la Función Pública publique todas las auditorías ya terminadas.
3.-Por último, la cronología también establece que el escándalo en torno a Oceanografía y la acción de la PGR fue detonada a raíz de la denuncia de un fraude en la filial Banamex, de Citigroup, por un total de 360 millones de dólares, cometido por esta empresa, derivado de un crédito por 585 millones de dólares.
Citigroup notificó a la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre la situación de Oceanografía, pero aún desconocemos lo que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con las fallas de control interno y de la administración de riesgos de la sucursal de Banamex, en Villahermosa, Tabasco, donde se realizó el magno fraude bancario.
La presente comisión investigadora debe solicitarle a la CNBV el informe de los resultados de su investigación sobre el presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de pesos.
*Senadora de la República