Denuncian en el Senado
En los últimos años el gobierno federal ha ordenado la expropiación de dos mil tierras ejidales que pasaron al control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero hasta el momento no ha pagado las indemnizaciones correspondientes a daños de enajenación de la tierra a los campesinos legítimos propietarios.
Así lo denunció desde la tribuna parlamentaria el senador Fidel Demédicis Hidalgo, al presentar un punto de acuerdo para solicitar a la SCT a realizar las acciones pertinentes que permita atender los reclamos que hacen campeinos y comuneros por falta de pago de expropiación y daño a las tierras donde se han construido equipamientos urbanos y de comunicación.
El legislador se pronunció por la verdadera aplicación de la ley agraria y el cabal cumplimiento de sus procedimientos jurídicos al construir nuevas obras públicas en tierras ejidales o comunales.
Expuso que desde el siglo pasado el Gobierno ha llevado a cabo un sinnúmero de obras públicas en estados, municipios y territorios ejidales, en donde se han construido carreteras, viaductos o autopistas, principalmente.
“Desde el año de 1995 existen conflictos agrarios relacionados con la SCT, por no haberles cubierto sus derechos agrarios a los ejidos y comunidades por donde han atravesado estas obras públicas”, subrayó Demédicis Hidalgo.
Y añadió que hay cerca de 2 mil expropiaciones a favor de la SCT, pero que esta Secretaría del Gobierno federal no ha pagado los daños y la tierra a campesinos.
En este tenor, denunció el caso de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit, donde durante los dos últimos sexenios se crearon libramientos y autopistas sobre territorios pertenecientes a campesinos que hasta la fecha no han recibido el pago de derechos correspondiente.
Por ello, en el mismo un punto de acuerdo, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, convocó a la creación de una mesa de negociación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, campesinos y comuneros de dichas entidades federativas, con la finalidad de pactar el valor de sus tierras y dar pronta solución al conflicto.