El sistema penitenciario mexicano requiere una “cirugía reconstructiva” que tenga como base el respeto a los derechos humanos, la educación, trabajo, capacitación y un combate frontal y decidido contra la corrupción, con controles de confianza hacia el personal que ahí labora, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República expuso que es necesario contemplar en dicho modelo que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves y que se priorice la reparación integral del daño a la víctima.
Recordó que hace unos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, en el que detectó severas irregularidades en los penales del país.
Barbosa Huerta señaló que en el país existen más de 400 cárceles que carecen de condiciones óptimas y la gran mayoría opera con fuertes irregularidades. Las prisiones con mayores problemas se localizan en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.
Dijo que de acuerdo al estudio de la CNDH, el 60 por ciento de las prisiones tienen autogobierno, el cual ejercen grupos de la delincuencia organizada, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
El senador perredista comentó que la sobrepoblación es un problema persistente en las cárceles mexicanas, tan sólo se tiene detectado que en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México conviven más de 12 mil personas en un espacio que tiene cabida para poco más de 5 mil reos.
Caso similar, detalló, lo enfrenta el Centro de Reinserción Social de Mexicali, cuya capacidad de alojamiento es apenas de mil 780, pero actualmente tiene recluidos a más de 3 mil presos.
Aunado al grave problema de hacinamiento de los reclusos, debe añadirse que en estos lugares “no existen registros de supervisión, se carece de acciones de prevención y atención de incidentes violentos; no existen procedimientos de canalización de quejas de internos en caso de violaciones a los derechos humanos y hay deficiente atención en las áreas médicas”.
Además, agregó el senador poblano, existen problemas de higiene en espacios como los dormitorios, comedores, cocinas, servicio médico; alimentos de muy baja calidad; insuficiente personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas, y deficiente clasificación de los sentenciados, procesados, reincidentes y desatención a grupos en situación de exclusión.
Por ello, el senador Miguel Barbosa insistió en que es urgente realizar un adecuado replanteamiento de las estrategias para el manejo y administración de los centros penitenciarios de manera integral y articulada, con perspectiva de derechos humanos.
“Hay que diseñar un modelo de reinserción social basado en la educación, el trabajo y la capacitación, en el que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves, todo esto acompañado de un combate frontal y decidido a la corrupción”, enfatizó el coordinador parlamentario del PRD.