Para limpiar al México de la impunidad
La senadora Pilar Ortega Martínez empuja una iniciativa de reforma constitucional para crear un Instituto Nacional de Servicios Forenses, a fin de propiciar mayor certeza en las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia, así como a las Defensorías Públicas.
Argumentó que los hechos recientes en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, han puesto de manifiesto la necesidad de contar con certeza del actuar de las instituciones periciales, ajenas a cualquier influencia o injerencia política, que actúen bajo patrones estrictamente científicos y que brinden certeza a la investigación.
Explicó que su iniciativa de reformas al artículo 21 de la Constitución está encaminada a generar un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena autonomía técnica y orgánica, que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales.
Precisó que la propuesta responde además a una exigencia del sistema acusatorio al crear una instancia de servicio forense independiente tanto del órgano de acusación como de defensa, garantizando una investigación científica del delito realizada de manera objetiva, así como igualdad procesal o igualdad de armas dentro del proceso penal acusatorio.
No podemos pasar inadvertido --dijo-- que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso al Senado reformas para que los servicios periciales sean autónomos, pues de su informe se desprende un sesgo del trabajo pericial, para sustentar la tesis preconcebida del cuestionado incendio en el basurero de Cocula.
La legisladora por Guanajuato consideró que el nuevo diseño legal en materia penal requiere del acompañamiento de instituciones que permitan esclarecer los hechos constitutivos del delito de manera trasparente, con el objeto de evitar la impunidad, pero también de evitar que se culpe a inocentes.
En este contexto, la investigación es un pilar básico para el éxito del sistema, y no cabe duda que los servicios periciales y forenses son una parte fundamental de la misma, sin los cuales no existiría prueba objetiva y por ende no habría un sistema efectivo de justicia, precisó.
Finalmente, hizo notar que de aprobarse su propuesta el Instituto gozará de plena autonomía y de gestión y tendrá competencia nacional; se regirá por un Consejo Directivo cuyos integrantes serán designados por las dos terceras partes de votos del Senado, en tanto el Congreso estará obligado a expedir la ley para su creación.