El PAN en el Senado exhortó al Ejecutivo federal para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, extienda, en el marco de los acuerdos respectivos, su encomienda en territorio nacional a efecto de coadyuvar en la investigación concreta que realicen las autoridades mexicanas sobre el caso Ayotzinapa.
Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario, dijo que de esta manera, el grupo de expertos podrá participar al lado de la Procuraduría General de la República en el desarrollo de la investigación, generará sus conclusiones y las aportará a la causa penal que en este caso llevará la fiscalía especializada que se creará en la PGR.
Insistió que la postura de Acción Nacional no ha variado y radica en la importancia y necesidad de que un grupo de profesionales independientes al gobierno mexicano contribuya al esclarecimiento de lo que ocurrió en Ayotzinapa y reiteró que el gobierno federal atraviesa por una profunda crisis de confianza y de credibilidad.
Señaló que el gobierno quizá podrá estar diciendo la verdad, pero el problema es que nadie le cree y esta circunstancia obliga a recuperar la confianza y la credibilidad en algunas instituciones mexicanas”, dijo en conferencia de prensa, acompañado por diversos integrantes de su bancada.
Por su parte, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, acompañado de los legisladores del PT, dijo que tienen una posición: ser aliados de la búsqueda de la verdad y ser aliados de la investigación y de las víctimas.
“Para nosotros el documento llamado “Primeras conclusiones” que emite el llamado Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, constituye una evidencia de la forma tan inescrupulosa como se han llevado las investigaciones desde la Procuraduría.
“No ha habido fincamiento de responsabilidades, más allá de custodios, más allá de delincuentes de los bandos criminales, y no hay ningún fincamiento de responsabilidades a la narcopolítica, que es finalmente el esquema mediante el cual se ha permitido que en diferentes zonas del país estén controladas por el crimen organizado, con todo lo que implica las complicidades para que ello ocurra.
“Es tiempo de que los órganos del Estado tengan una posición pública perfectamente clara a favor de la verdad, a favor de la investigación y aliado de las víctimas.
“Eso es lo que ha llevado a estos dos grupos parlamentarios a mantener esta posición de asumir de manera fundamental un documento en el cual se exhorte a la Procuraduría General de la República constituir una fiscalía especializada para este asunto”.
En tanto, los senadores priístas y su aliado el PVEM brillaron por su ausencia en presentar posición de este histórico caso que afecta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.