Por Guillermo Pimentel Balderas
Rocío Miranda Pérez, presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), afirmó que en México prevalece, en pleno Siglo XXI, una escandalosa discriminación hacia más de 13 millones de mujeres rurales e indígenas, toda vez que este sector se encuentra marginado anualmente del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En entrevista, la líder agraria sostuvo que el presupuesto total de 11 programas dirigidos al sexo femenino es de 69 mil millones de pesos, que divididos entre los 13 millones de mujeres rurales, les correspondería solo $5,350 pesos anuales, esto sin tomar en cuenta gastos de operación y administración de los mismos y sin considerar los recortes presupuestales.
Por lo anterior, urgió a la Administración Federal que inicia en diciembre próximo, así como a los integrantes del Congreso de la Unión, hacer las modificaciones legislativas y presupuestales necesarias para verdaderamente garantizar la equidad de género para este sector, “pues es una verdad que apenas a partir de 1961 a la fecha se han creado 11 programas sociales que, de manera parcial, llegan a las mujeres indígenas y campesinas”, lamentó.
Resaltó que no existe ningún programa social focalizado a la mujer rural e indígena por parte de la Secretaría de Agricultura, que actualmente encabeza Francisco Mayorga Castañeda y, mucho menos existió voluntad durante su gestión, para atender a las mujeres con liderazgos sociales y presencia en esta dependencia, entonces “están y seguirán en el olvido”.
Actualmente, indicó que sólo las secretarías de Hacienda, Reforma Agraria, Economía, Educación Pública y de Desarrollo Social, operan programas destinados a la mujer, pero sólo seis están enfocados directamente a la mujer rural e indígena, debido a que el resto ven a este sector poblacional como parte integral de género.
Afirmó que SAGARPA únicamente ve a mujeres a través del programa Procampo y que los datos así lo demuestran, pues por distinción de sexo de los beneficiarios en los ciclos agrícolas otoño-invierno y primavera-verano, el 18.8% de los beneficiarios son mujeres.
Rocío Miranda Pérez, señaló que en 14 entidades federativas la proporción de productoras beneficiadas por Procampo es superior al porcentaje promedio obtenido para el país en su conjunto y de éstas sobresalen Puebla y Michoacán, porque una cuarta parte de sus beneficiarios son mujeres.
“Estas entidades son expulsoras de mano de obra campesina hacía el vecino país del norte y a los campos agrícolas de Sinaloa y Baja California”, acotó.
Señaló que de las 18 entidades federativas sobresalen con menores porcentajes de mujeres apoyadas por Procampo, los estados de Chiapas (9.4%), Coahuila (8.9%), y sobre todo Yucatán, en el que sólo se registra un 4.8% de mujeres beneficiadas por este programa.
Mencionó que un total de once entidades federativas concentran a poco más de tres cuartas partes del total de las mujeres beneficiadas por Procampo, cinco entidades más de las anteriormente mencionadas: Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Jalisco; además de que las 21 entidades federativas restantes absorben tan solo a 25% del total de mujeres agraciadas por este programa.
“Esta situación, en términos generales, contrasta con la importancia que tiene el rol clave de la mujer en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, pues las mujeres que viven en el campo son las últimas que tienen acceso a los recursos, a la capacitación y a los préstamos financieros para producir alimentos”, lamentó.