En los 424 programas federales de atención social se duplica su aplicación a los sectores más vulnerables del país y muchas veces se favorece a los mismos objetivos, aunado a que al día de hoy se carece de un padrón general de beneficiarios a nivel nacional y eso favorece la discrecionalidad en la entrega de apoyos económicos y servicios a quienes más lo necesitan, denunció el senador Salvador López Brito.
En su calidad de secretario de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado, señaló que de esto existe como ejemplo que en el 2009 la Secretaría de la Función Pública realizó un inventario de todos los trámites y normas vigentes en el gobierno federal con el fin de eliminar los que no estuvieran plenamente justificados, con lo cual eliminó 16 mil 174 normas, las cuales significaron el 46% del total.
Expuso que una persona puede verse beneficiada por un apoyo federal, al mismo tiempo que por uno estatal y otro municipal; sin embargo, otra misma persona con las mismas características dentro de ese mismo estado, podría no recibir ningún apoyo, lo cual resulta totalmente inequitativo.
El senador por Sinaloa dijo que es de amplio conocimiento que hasta el momento se carece de un padrón general de beneficiarios a nivel federal, pero que ello no impide que poco a poco se vaya trabajando en el mismo para evitar las duplicidades en los apoyos y, en general, transparentar la ayuda a la población a la cual están dirigidos.
“Esto evitará duplicidad de esfuerzos, eliminará cualquier posibilidad de fuga de recursos y favorecerá la ampliación de la cobertura”, aseguró.
López Brito insistió que concentrar y transparentar en un solo padrón a los beneficiarios facilitará la gestión de recursos y el otorgamiento de los apoyos de los programas sociales; clarificará las reglas de operación de cada programa y posibilitará que la sociedad fiscalice el trabajo de los servidores públicos.
Recordó que el 10 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal, donde se estableció la obligación de evaluar los resultados del ejercicio de recursos públicos y se puso en marcha un sistema de presupuesto orientado a resultados, con el objetivo de incrementar la eficacia en la aplicación del gasto público.
Dijo que a partir de ahí se definieron las estrategias para iniciar la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos federales aplicados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los transferidos a las entidades federativas, municipios y en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
El también integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara Alta señaló que no obstante lo anterior, en muchas ocasiones las evaluaciones y los sistemas adoptados son vistos más como un trámite que deben atender las dependencias o entidades, en lugar de un enfoque procedimental que de mejora al propio programa.
Consideró que por eso se debe tener un enfoque diferenciador entre los programas federales, con el fin de que sus resultados se traduzcan en acciones concretas que permitan mejorar el desempeño y los resultados de cada uno de ellos, porque está demostrado que "la mera existencia de recomendaciones derivadas de una evaluación no garantiza que serán procesadas adecuadamente", advirtió.
El legislador blanquiazul dijo que con base en un inventario elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se sabe que el apoyo en capacitación se utiliza en 76 programas; en el derecho a la educación se aplica en 194 programas; las acciones vinculadas al bienestar económico aparecen en 93 programas, y a través de 61 se atienden acciones relativas a la salud. Cada programa se aplica a través de diversos servicios y formas de apoyos económicos.
“Por eso exhortamos a los gobiernos Federal, estatales y municipales a que elaboren un padrón general de beneficiarios de los programas federales y que a través de las Secretarías de Estado se ubique los que están duplicados con los programas estatales y municipales y sean eliminados, con el fin de que los apoyos y servicios beneficien a más población desprotegida”, finalizó el senador Salvador López Brito.