Ayudados por directores
Pese a estar presos, secuestradores siguen operando desde el interior de las cárceles, muchas de las veces con colaboración de directores de penales. En promedio se detienen 184 secuestradores al mes, informó la Asociación alto al Secuestro.
Tal es el caso de la última organización criminal desarticulada que por lo menos cometió 6 secuestros, negociados desde el Reclusorio Varonil de Santa Martha, así como los casos de Antonio Sánchez Salgado alias “El Ingeniero de la Mora” quien fungió como líder y negociador de al menos 32 secuestros durante su estancia en CERESOS del Estado de México, y el caso de Julián Rivera Marín y/o Adolfo Popoca Rojas alias “Popoca”, quien se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde donde negociaba con los familiares de las víctimas en al menos 26 secuestros.
Es inconcebible e indignante que aun pese a que los secuestradores están en la cárcel las autoridades no son capaces de controlarlos, la preguntas es ¿qué nos espera con los secuestradores que están libres?.
Por ello, una vez más exigimos a todos los Gobiernos Estatales que no tienen cárcel de máxima seguridad para secuestradores, la implementen de manera inmediata.
En reiteradas ocasiones hemos denunciado la gran corrupción que existe dentro de los penales estatales, en esta ocasión nos referiremos una vez más al Distrito Federal, asimismo hemos realizado una propuesta concreta al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera por conducto de la Secretaria de Gobierno, para despresurizar las cárceles del D.F., la cual consiste en que se otorgue la libertad a las personas que están en prisión por delitos menores y que a cambio realicen trabajo social, esto se encuentra dentro de sus facultades.
Significaría como mínimo que 5,000 personas saldrán de prisión, lo cual representaría una mejor distribución tanto de recursos humanos y económicos para los sentenciados y procesados de mayor peligrosidad, sin omitir que es indispensable la clasificación y un reglamento menos permisivo como el que actualmente tienen en el D.F., es decir un modelo similar al federal en donde no introduzcan comida, no tengan visitas diario, etc.
Este mismo patrón sucede en el resto del país, en estados como Tamaulipas, Michoacán Guerrero, Tabasco y Jalisco donde existe autogobierno, tal como señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por lo que hace a la incidencia de secuestro, en el mes de octubre contamos con registro de 154 secuestros con 177 víctimas, lo que representa un incremento de 5.4% respecto al mes de septiembre en número de eventos, así como una disminución de 6% en el número de víctimas.
No obstante el incremento de este mes, persiste una disminución del 28% si comparamos los primeros diez meses de 2014 (2,080 secuestros) con los diez primeros meses de 2015 (1,497 secuestros).
Resaltamos que las entidades con mayor incidencia de secuestros durante el mes de octubre fueron: Estado de México 32; Tamaulipas 20; Guerrero y Veracruz 18, y D.F. 14. Los estados donde repuntó el secuestro son Veracruz, Guerrero y Puebla.
La estrategia contra el secuestro no puede ser únicamente esfuerzo de la Federación y Sociedad Civil, es indispensable que los Gobiernos estatales asuman su responsabilidad.
Finalmente, agradecemos al Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong haber tomado como punto de acuerdo en la Reunión del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación celebrada el día de ayer, las propuestas realizadas por Alto al Secuestro que consisten en:
Se habiliten módulos especiales para procesados y sentenciados por secuestro, para evitar que sigan delinquiendo desde prisión.
Se auditen y etiqueten los recursos destinados a las Unidades antisecuestro.
Se cumpla con la Ley Antisecuestro para registrar los eventos de secuestro, ya que muchos se siguen ocultando bajo la figura de privación ilegal de la libertad.
Se exija mayor compromiso de las compañías telefónicas para respetar la ley y proporcionar la información necesaria en los casos de secuestro.
Establecer un Conversatorio para tener diálogo con el poder judicial, del cual seguimos esperando respuesta por parte de la SCJN.
Las asociaciones que defendemos a víctimas del delito revisemos protocolos y Ley en materia de tortura, para lo cual hemos tenido apertura por parte de PGR.