El Congreso intervendrá
El Congreso federal legisló para darse facultades constitucionales que le permitan intervenir en los multimillonarios préstamos que solicitan los gobiernos estatales y municipales, porque esos endeudamientos ya representan un escenario preocupante, pues en el último año pidieron prestados 100 mil millones de pesos.
Por ello la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que es insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del cien por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas.
Ante esta “situación alarmante”, añadió, resulta imperativo que el Congreso de la Unión lleve a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.
Recordó que el 17 de julio de 2013, cuando la Cámara de Diputados aprobó por primera vez este tema, el endeudamiento en estados y municipios ascendía a 390 mil millones de pesos. Actualmente, dijo, este déficit alcanzó los 490 mil millones de pesos; es decir, 100 mil millones de pesos más en tan solo un año y medio.
“Hablamos solo de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda, porque hay otras que no se registran, como las de las pensiones y jubilaciones; los pasivos a corto plazo que son adquiridos por los proveedores de bienes y servicios, o con bancos, para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo o por proyectos multianuales”, destacó el legislador.
Sumando este tipo de deudas, dijo, encontramos que hay siete entidades federativas que rebasan en cien por ciento las participaciones federales.
El diputado Moreno Rivera resaltó los aspectos fundamentales de la reforma: no impide o limita la adquisición de empréstitos, sino que establece las bases generales para incurrir en un endeudamiento responsable y transparente.
Además, establece la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública; se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar la deuda pública y se crean elementos de responsabilidad financiera, como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente y, en su lugar, destinarse a inversiones públicas productivas.
Asimismo, dijo, se prohíbe contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno y obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso.
También se prevé la creación de una comisión legislativa bicamaral, fundamental para el sistema que se plantea y cuyas facultades serán, entre otras, sancionar u objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.
Prevé la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito público, con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, considerando para ello las mejores condiciones del mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías.
Concluyó que con la enmienda se establece que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de una deuda deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado.