Después de la tremenda vapuleada que le pusieron los perredistas a Carlos Almada, salió el ex priísta y ahora panista Javier Lozano Alarcón para decir que “el diplomático es un ejemplo de probidad y no se vale que de oídas se venga a manchar la imagen de un servidor público”.
Pero de inmediato tuvo respuesta de su colega y correligionario Ernesto Ruffo Appel, quien pidió la palabra para hablar en contra de Almada y “no de oídas”, porque “soy testigo de que este hombre llegó a Baja California a realizar un fraude electoral y le insisto, esto no es de oídas”.
Y acto seguido tomaron la palabra algunos senadores priístas para hablar linduras del diplomático que, finalmente, fue apapachado por el voto mayoritario de casi todos los azules, todos los tricolores y ecologistas para que Almada fuera aprobado como embajador de México en Japón, nombramiento que le otorgó el presidente Enrique Peña Nieto.
El encargado de reseñar su trayectoria fue el senador Luis Sánchez, quien textualmente dijo desde la tribuna: “Carlos Almada López, quien fuera subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta hace unos pocos días, en diversas ocasiones ha sido un funcionario público, pero muy pocas veces ha concluido el periodo para el que fue nombrado, propuesto.
E incluso en algún momento se le acusó de haber formado parte de uno de los escándalos más grandes en México por peculado en los últimos 15 años, el llamado caso Pemexgate, él estuvo directamente involucrado en esto.
El 6 de diciembre del año 2012, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció a los responsables de área que lo acompañarían dentro de la dependencia.
Como una de las piezas claves, fundamentales, sobresalió el nombre de Carlos Almada López, cuya experiencia en la esfera pública va desde el nivel municipal hasta federal.
Su llegada a las SCT fue prácticamente una resurrección en la política nacional de este personaje, luego de haber sido involucrado en el Pemexgate, lo que lo mantuvo durante cinco años prácticamente a salto de mata, hasta que los abogados Adolfo Aguilar Zinser y el reconocido Marco Antonio Zazueta lo libraron y lo sacaron adelante.
Estuvo en algunas actividades, después de esto, el escándalo del Pemexgate, incorporado a la actividad pública en el gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Paras y con Rodrigo Medina de la Cruz, ambos del PRI.
Casi dos años después se incorporó al Gobierno Federal, perdón, después de haber desempeñado una serie de puestos a nivel local, Almada López ocupó entre 1881 y 86’ la Secretaría de Administración Pública del Estado de México para después integrarse como oficial mayor de de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el 86’ y 88’.
También fungió como director ejecutivo del registro Federal de Electores del ya extinto IFE del 91’ al 94’.
Quiero resaltar algo, justamente fue en aquel entonces, y como director ejecutivo del Registro Federal de Electores, que se descubrió que en Baja California había 500 mil votantes más de lo que tenía originalmente el padrón, justamente en la administración de nuestro compañero ahora senador Ernesto Ruffo, que seguramente él recordará ese escándalo de 500 mil votantes más metidos, inscritos ilegalmente por este funcionario que tenía esa responsabilidad.
Quiero referirme al tema del Pemexgate. Al final de la presidencia de Ernesto Zedillo, Almada se vio involucrado en un caso de peculado que llegó hasta los tribunales y que salpicó a Pemex, al Sindicato también de Trabajadores Petroleros, al PRI y a su candidato a la Presidencia de México en el 2000, Francisco Labastida Ochoa.
En 2001, el gobierno de Vicente Fox presentó una denuncia ante la PGR contra la paraestatal, contra Pemex, por el presunto desvío de recursos a la campaña del candidato Labastida Ochoa durante la campaña electoral del 2000. Quizá a algunos ya se les olvidó, por eso es pertinente recordarlo.
La denuncia está fundamentada en el posible desvío de mil 500 millones de pesos y señalaba como principales responsables a Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, a los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, también mencionaba a Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga, Julio Pinter González, ex funcionarios de Pemex y a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, a los (inaudible) Carlos Almada y Joel Hortiales como presuntos responsables de ese peculado.
El 5 de octubre de 2002, el Juez Décimo Tercero de Distrito en materia penal, José Luis Moya Flores, con sede en el Reclusorio Sur lidió orden de aprehensión solicitada por la PGR contra Montemayor Seguy, Jauristi Septién, Domene Berlanga, Pinter, Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Carlos Almada, además de Joel Hortiales, como presuntos responsables de peculado y por haber participado en el supuesto desvío de 640 millones de pesos, de Pemex a la campaña de Labastida.
Las investigaciones de la Fepade, en aquel entonces encontraron elementos para probar que los priístas sabían de la procedencia ilegal del dinero, además de que también aplicaron esos recursos sin informar al Instituto Federal Electoral en la campaña del entonces candidato a la Presidencia y para ocultar su origen simularon que eran ingresos del llamado Sorteo del Milenio y que se gastaba en la entrega de premios.
Jorge Cárdenas, Alonso Bretón, Joel Hortiales y Carlos Almada se encontraban en calidad de prófugos de la justicia, y a excepción de Montemayor Seguy, a quien se le había ubicado en Houston, Texas, los demás ex directivos de Pemex no fueron detenidos ni localizados en aquel entonces.
En octubre de 2002, el caso llegó al IFE, árbitro en la materia y responsable de fiscalizar los recursos de los partidos. A principios de 2003, la institución concluyó que el Sindicato Petrolero desvió al menos 500 millones de pesos al PRI y le impuso una multa de mil millones de pesos, el partido terminó de pagar, el PRI terminó de pagar esta multa en el 2006.
Ese año, el Juez Federal, Silva Petreven, titular del Juzgado 13 de Distrito expidió un auto de libertad a favor de Almada en cumplimiento a un amparo definitivo que le otorgó un tribunal federal.
Carlos Almada no había sido visto en público desde mayo de 2002 cuando el Juzgado 13 de Distrito libró en su contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral, tipificado como grave en el Código Penal Federal y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza.
Y aquí viene al rescate, fue justamente en los primeros días del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cuando reapareció en la escena pública para ocupar el cargo de subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Y ahora, como ha sido su costumbre política, no termina el cargo y es propuesto para ocupar esta embajada en Japón.
Quiero referirme por último a que este personaje, no solamente ha sido acusado por el Pemexgate, él fue el operador para las licitaciones del proyecto del tren México-Querétaro y también fue el responsable de las licitaciones para el proyecto del nuevo aeropuerto, este proyecto que es el proyecto insignia del Presidente de la República y que está envuelto en una plena opacidad.
Y este, Carlos Almada López es el operador de estas licitaciones que como ya sabemos, bueno, el tema del tren México-Querétaro ya no va, ¿verdad?, tuvieron que cancelarlo, pero el tema de las licitaciones del aeropuerto pues está vigente y hasta el momento no hemos obtenido información plena, confiable, total, sobre este proyecto del nuevo aeropuerto.
Por lo que nosotros diferimos, después de haber hecho el trabajo sucio de estas licitaciones, pues hay que ponerlo a salvo y por eso es que lo mandan a Japón.
Considera el Grupo Parlametario del PRD que no es una propuesta que identifique a este país en aquellas tierras y por lo tanto vamos a votar en contra.
Finalmente, Carlos Almada López, cuya designación como embajador de México en Japón se votó por separado, fue ratificado con 78 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones.