El senador Ernesto Ruffo Appel ratificó la denuncia de hechos que presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por usurpación de identidad en la difusión de un audio publicado en el portal del periódico Reforma y en la nota principal de su edición del 11 de agosto de 2015.
A poco más de cinco meses de iniciada la indagatoria, el senador panista por Baja California indicó que fue citado por la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales de la PGJDF, donde se encuentra radicada la denuncia desde el 12 de agosto de 2015, para ratificarla en sus términos.
Asimismo, destacó que en todo ese tiempo el agente del Ministerio Público a cargo no ha logrado cumplimentar las diligencias solicitadas en su denuncia para obtener el audio original y someterlo a pruebas periciales de análisis de voz.
Las autoridades ministeriales, añadió, revelaron que el periódico Reforma no ha colaborado con la agencia investigadora, toda vez que se le ha solicitado en cuatro ocasiones entregar el audio en el que sustentó su nota, sin respuesta favorable.
Ante ello, el senador Ruffo Appel expresó que la PGJDF debe implementar medidas de apremio para integrar debidamente la averiguación previa, deslindar responsabilidades y ejercer acción penal contra quien resulte responsable.
El senador lamentó que hayan pasado cinco meses de la publicación del audio y la difusión de la nota “en la que presuntamente yo hablo con el ex gobernador de Sonora, buscando apoyos y recursos para Ricardo Anaya, en el marco de la contienda interna por la dirigencia del PAN”, sin rectificación o disculpa pública del medio de comunicación.
“El público ya no se acuerda de lo que sucedió, pero para efectos del momento político sí tuvo consecuencias por el perjuicio causado a mi honorabilidad y buen nombre, así como en mi imagen y reputación”, aseguró.
El audio, dijo, constituye un delito de usurpación de identidad, previsto en el artículo 211 del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que la autoridad debe continuar con las indagatorias correspondientes.
El senador panista reconoció el derecho a la libertad de expresión, pero también la necesidad de garantizar de manera inmediata el derecho de réplica cuando se difunden falsedades que agravian la honorabilidad de las personas.