Al considerar que es urgente dar continuidad al proceso legislativo para aprobar una nueva Ley de Amparo que otorgue a la ciudadanía el mecanismo idóneo para defender ante la autoridad el respeto de sus derechos humanos, la senadora Martha Leticia Sosa Govea exhortó a la Cámara de Diputados para que impulse la continuación del trámite legislativo a fin de expedir dicho ordenamiento, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
En el mismo punto de acuerdo la legisladora solicitó respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, “en virtud de no existir legislación en la materia, señale los derechos de la población y las actuaciones de la autoridad, y se maneje con la mayor probidad en los procedimientos de amparo que lleve a cabo”.
Sosa Govea recordó que la Minuta con Proyecto de Decreto aprobada por el Senado expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
También dijo que el 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece nuevas reglas y procedimientos en materia de Amparo, señalándose en los artículos transitorios que el Decreto y las reformas correspondientes entrarán en vigor a los 120 días de la citada publicación.
Esa serie de reformas, particularmente las correspondientes a los artículos 103 y 107, dieron la pauta para que en el Senado se trabajara en la creación de una nueva Ley de Amparo reglamentaria de los citados artículos a fin de establecer mecanismos de protección de los derechos humanos para la ciudadanía, y estableciendo al juicio de amparo como un medio más eficiente de control de las actuaciones de la autoridad, añadió Sosa Govea.
Mediante el nuevo juicio de amparo, continuó, se protegerán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, además de la tradicional protección a las garantías individuales.
Por todo lo anterior, agregó, la Cámara de Senadores elaboró un proyecto de Ley de Amparo que fue aprobado el 13 de octubre de 2011 y enviado a la colegisladora para su análisis, discusión y dictamen.
Ese proyecto contempla que el amparo procede contra la violación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, adiciona el concepto de “interés legítimo” para poder interponer el amparo e instaura la posibilidad de iniciar el juicio de amparo por medio de la firma electrónica.
Asimismo, crea la figura del llamado "amparo adhesivo" con la finalidad de resolver en un solo proceso posibles violaciones que se encuentren concatenadas a fin de garantizar una justicia pronta y expedita, y establece sanciones para los servidores públicos que no acaten las sentencias del juicio de amparo.
Sin embargo, lamentó Sosa Govea, “al día de hoy aún no contamos con una nueva Ley de Amparo y, lo que es peor, en virtud del mandato del decreto constitucional, no contamos con una Ley en la materia, dado que la vigente hasta el pasado mes de octubre ya no está en vigor, lo que deja en una incertidumbre total a la ciudadanía en su mecanismo de defensa ante la autoridad”.
La Cámara de Diputados recibió la Minuta desde el 18 de octubre de 2011 y hasta el momento no se ha continuado el proceso legislativo correspondiente, omisión que sin duda trae aparejadas muchas consecuencias para la población y deja de manifiesto una falta de voluntad para ejercer la obligación de legislar que la ciudadanía ha depositado en los Diputados al Congreso de la Unión, manifestó la legisladora federal.
Por lo anterior, subrayó Martha Sosa, es urgente que se dé continuidad al proceso legislativo correspondiente para dotar al marco jurídico nacional de una Ley de Amparo y se otorgue a la ciudadanía un mecanismo idóneo para defender ante la autoridad el respeto de sus derechos humanos y garantías individuales.