Acusan al PVEM de fomentarla
El senador Luis Fernando Salazar Fernández pidió al Ejecutivo Federal que garantice el cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalezca las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país.
Solicitó que, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se investigue y, en su caso, se sancione al subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Javier Nemer Álvarez, por el incumplimiento de las disposiciones en materia de protección de los derechos de este sector social.
Además, exhortó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a que afiancen los mecanismos apropiados para supervisar y erradicar el trabajo infantil, y establecer las sanciones correspondientes a quien no lo haga.
“A pesar del avance que ha tenido el marco jurídico nacional, resultan lamentables acciones por parte de servidores públicos que no sólo se abstienen de hacer del conocimiento de la autoridad competente la contravención a las disposiciones que salvaguardan los derechos de los menores de edad, sino que además promueven acciones en perjuicio de su desarrollo integral”, argumentó.
Ejemplo de ello, expuso, es Rafael Guirao Aguilar, diputado del PVEM, que hace unos meses repartió a menores chiapanecos cajas de boleo para supuestamente fomentar la actividad económica.
Otro caso –agregó-- es el de Nemer Álvarez, quien publicó en redes sociales una imagen celebrando el trabajo infantil con un niño que bolea zapatos.
Lo anterior a pesar de la prohibición constitucional expresa de la utilización del trabajo de los menores de 15 años, señaló.
Consideró lamentable y preocupante que funcionarios como Nemer Álvarez, responsable de las políticas de combate a la pobreza y de los programas de desarrollo social y humano, promuevan y fomenten la actividad económica de los menores de edad, a costa de su niñez, su educación, salud y sano desarrollo.
Por ello, Salazar Fernández reiteró la necesidad de hacer “un llamado enérgico al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la las secretarías del Trabajo y Previsión Social y la de Desarrollo Social, garantice el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral”.
Indicó que en México, alrededor de 3 millones de niñas y niños de hogares con bajos ingresos salen a trabajar y la mayoría de ellos forman parte de las estadísticas de deserción escolar.
Es alarmante que los principales responsables de garantizar el cumplimiento del orden jurídico, sean los primeros en transgredir las normas de protección y garantía de sus derechos humanos, sin que existan consecuencias al respecto, subrayó.
Así, demandó que se apliquen las sanciones correspondientes por la violación a las disposiciones que salvaguardan el derecho al desarrollo integral de los menores de edad.
Es claro que hoy existe una relación directa entre el trabajo infantil y la pobreza que se hace evidente en estados muy marginados como Chiapas, con 165 mil niños y jóvenes que trabajan; Oaxaca, con 160 mil; o Guerrero, con 530 mil”, precisó.
Es notoria la ausencia de una dimensión clara del problema por parte de quienes son responsables de establecer acciones para la protección de los derechos de los sectores en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, circunstancias en las que se encuentra una parte importante de la niñez y, por ende, del futuro de este país.
Por eso, concluyó, “es importante este llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que asuman su responsabilidad de fomentar las oportunidades adecuadas para el desarrollo de las niñas y niños mexicanos”.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictaminación.