*Son más de 83 mil armas

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa de ley para que las armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina que sean decomisadas a los delincuentes, sean destinadas a las corporaciones de seguridad pública de la federación, de los estados y los municipios.

En la propuesta impulsada por la diputada Adriana Sarur Torre, se menciona la necesidad de reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que el decomiso, que se ha incrementado  considerablemente, se destine a los cuerpos de seguridad pública.

Dijo que desde el inicio de la presente administración federal al año 2010, el total de armas incautadas creció mil 603 por ciento, al pasar de 5 mil 216 armas aseguradas a 83 mil 613.

Dicha situación, se añade en el documento de la legisladora, refleja un crecimiento promedio anual de 152 por ciento; mientras en lo que va de 2011 se han decomisado 10 mil. Los estados en los que mayormente se incautan armas son Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.

La diputada federal Adriana Sarur Torre reveló que según la Procuraduría General de la República (PGR), en la frontera norte se encuentran más de cien mil permisionarios que venden armamento de manera legal, en negocios constituidos a través de las ferias llamadas Gun Shows, donde se consiguen de manera fácil y rápida.

“Llegan a ser valuadas en un rango que va de los 800 a los 2 mil dólares, considerando la antigüedad, la marca, el modelo, el estado de conservación y la versión del material”, asegura la legisladora.

En su documento donde propone que las armas decomisadas en México sean asignadas a los cuerpos de seguridad pública, Sarur de la Torre afirma que el Ejército mexicano ha llegado a decomisar armas hasta con un valor de más de 3 millones de dólares.

Destaca que la importancia de su propuesta radica en que las armas que sean decomisadas no se encuentren simplemente resguardadas, sino que sean reutilizadas por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por las instituciones policiacas de los estados, municipios y federales.

“Finalmente se necesitaría el presupuesto para su mantenimiento y no para comprar más armas que las que tienen guardadas, pues las cifras nos revelan el volumen con el que se cuenta, ya que la tecnología es igual o superior a la que pueden tener las armas de estas instituciones”, precisa en su documento.

Aclara que la iniciativa busca fortalecer la seguridad pública del país, reduciendo los costos en equipamiento, lo que se lograría si se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además se establece que para el caso de que dichas armas hayan sido utilizadas para la comisión de algún delito, a fin de evitar su inoperancia, deben quedar al resguardo de la Sedena durante la secuela procesal, para que después puedan ser destinadas a las instituciones de seguridad ya antes mencionadas.