El fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez, reveló que entre los principales obstáculos que hay para la investigación de estos delitos se encuentra la falta de colaboración y transparencia de las autoridades de los estados, así como de las familias de las víctimas por la desconfianza que hay hacia las autoridades.
Sugirió crear un observatorio ciudadano, en el que participe la Comisión Especial, gremios de periodistas, así como empresas del ramo, además de fortalecer a la fiscalía mediante el otorgamiento de recursos y equipo suficiente.
Mencionó que de septiembre a la fecha se han consignado a 23 personas por agresiones a periodistas y medios de comunicación.
La mayoría de los homicidios cometidos contra periodistas se registran en Michoacán y la zona norte del país, y en su mayoría están relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, mientras que unos cuantos son por motivos económicos y personales, informó.
Aclaró que Oaxaca ha sido la entidad que aun cuando tiene un alto registro de homicidios y agresiones a periodistas y medios de comunicación, también posee el mayor número de casos resueltos.
Precisó que en el caso del centro y sur de México se tiene registrada una tasa casi nula de homicidios de periodistas, no así de las agresiones que reciben, principalmente por mandos administrativos.
“Llegamos al punto de que se detuvo a un mando policial, el cual puso un retén para detener a un periodista, porque escribía y había hecho comentarios sobre él”.
El trabajo de la fiscalía, expuso, se divide en tres segmentos: muertes y desapariciones de periodistas; agresiones a periodistas; ataques y amenazas a empresas de medios de comunicación.