Los servidores públicos de los tres niveles de gobierno no tienen impedimento legal alguno para asistir en días inhábiles a actos de proselitismo y brindar su apoyo a los candidatos a cargos de elección popular, ya que su sola presencia en esos eventos no implica, por sí misma, el uso de recursos públicos.
Así se establece en la Jurisprudencia 14/2012 que fue aprobada por unanimidad de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Jurisprudencia es producto de tres sentencias, en el mismo sentido, dictadas por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, con respecto a tres recursos de apelación promovidos por separado para controvertir resoluciones en la materia emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE).
En el texto de observancia obligatoria, que fue aprobado el 30 de mayo del año pasado, se indica que la asistencia de funcionarios públicos a actos proselitistas, siempre que se realice en días no laborables o inhábiles, no implica, por sí misma, una violación a la ley.
“Se reconoce que la asistencia a esta clase de actos se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal”, se indica en la Jurisprudencia.
En cambio advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) sí prohíben a los servidores públicos llevar a cabo el desvío de recursos del Estado para favorecer a un determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular.