*Mucho dinero en juego
El Senador Fernando Castro Trenti presentó un punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, a fin de que realice una investigación sobre el crédito otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior a la Compañía Mexicana de Aviación y cuyas irregularidades se encuentran reportadas en Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.
Castro Trenti Afirmo: “Es necesario conocer a fondo qué fue lo que pasó en el caso de Mexicana Aviación, pues quedan aún aspectos poco claros en todo este proceso que han ido saliendo a la luz y que nos hablan de un proceso poco transparente, donde no se puede descartar haya que fincar responsabilidades a autoridades y propietarios originales de la empresa.
“Los legisladores hemos advertido en diversos puntos de acuerdo formulados tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores y en la Comisión Permanente aspectos obscuros en la quiebra de Mexicana, con problemas que se venían arrastrando desde el año de 2005, cuando se concretó la venta del Grupo Mexicana, desincorporándolo de CINTRA, por una suma de 165.5 millones de dólares, cuando según el FOBAPROA-IPAB el valor de la empresa era de 1,456 millones de dólares.
“Aunado a esto, ya en el año de 2009, bajo la cobertura de los apoyos que el Gobierno Federal determinó a través la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para enfrentar la emergencia sanitaria por el brote de influenza AH1N1, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), otorgó un crédito de alrededor de 900 millones de pesos a esa línea aérea. Sin que haya evidenciado ninguna acción de seguimiento acorde con el nivel de riesgo de la operación, además de no haber realizado estudios prospectivos para operaciones de riesgo.
“Es obvio que se requiere de una investigación a fondo, seria y consistente, porque no es posible que haya una empresa quebrada, miles de trabajadores sin empleo, mientras quienes se beneficiaron de la adjudicación de una empresa que formaba parte del patrimonio público, disfruten de beneficios indebidos y gocen de total impunidad, bajo el manto protector de quienes de un lado a otro de la administración pública se echan la bolita y en ningún lado se haya responsabilidad alguna, cuando se ha afectado tan severamente el interés público”.
El senador Castro Trenti dijo que el Código Penal Federal establece con claridad, en su artículo 214, que comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
Por su parte, el delito de fraude está tipificado en el artículo 386 del Código Penal Federal que en el artículo 386 señala que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
“Es obligación de las autoridades federales investigar a fondo el caso y de encontrarse dolo por parte de los funcionarios públicos responsables, deben aplicar la ley sin miramientos ni concisiones, solo así podremos garantizar que este tipo de casos no se repitan en el futuro”, concluyo el legislador priista.