Con el fin de combatir la tala ilegal y garantizar la protección del medio ambiente, el senador Sofío Ramírez Hernández solicitó al Ejecutivo implementar un programa especial de empleo y capacitación, enfocado a la población indígena perteneciente a las 108 zonas forestales en situación crítica, para contar con el número suficiente de inspectores forestales.
Además pidió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lleven a cabo programas adecuados de reforestación, cuidado, y conservación, que permitan garantizar la protección de los recursos naturales.
A través de un punto de acuerdo, el legislador del estado de Guerrero, aseguró que las afectaciones ocasionadas por el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical “Manuel” se ven agravadas por la deforestación y la mala administración de los recursos naturales.
“Según el especialista Iván Restrepo, las afectaciones serían mucho menores si el país no perdiera desde hace décadas bosques y selvas que con sus raíces fijan la tierra” mencionó.
Informó que en México cada año se pierden aproximadamente 600 mil hectáreas de selvas y bosques, “el equivalente a los territorios del Distrito Federal y Morelos juntos”; y afirmó que en sexenios pasados se han implementado programas de reforestación totalmente insuficientes y fracasados.
“En el año 2007, se plantaron 250 millones de árboles para rescatar 642 mil hectáreas, de los cuales se preveía que sobrevivirían el 10 por ciento, es decir, que sólo se logró la reforestación efectiva de 25 mil hectáreas y al menos 2 mil 430 millones de pesos del presupuesto del programas “Pro-árbol” se fueron directo a la basura” explicó.
Ramírez Hernández, acusó de la deforestación al cambio de uso de suelo; la falta de empleo y de oportunidades de desarrollo económico de las personas que habitan zonas forestales, la operación irregular de empresas mineras, así como la presencia de la delincuencia organizada que abre claros en los bosques para la siembra de estupefacientes o bandas que se dedican principalmente a la tala ilegal la que alcanza un 30 por ciento del volumen anual autorizado.
Informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, ha definido 108 zonas críticas forestales, muchas de ellas en comunidades indígenas, “las cuales en varios lugares se han organizado para proteger su patrimonio forestal” apuntó.
Por ello, solicitó que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, actúen para frenar el exterminio de las zonas forestales e implementen programas especiales de empleo y capacitación enfocado a la población indígena, para contar con el número suficiente de inspectores forestales y programas de reforestación, cuidado, y conservación.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.