Aceptan su desprestigio social
El desafío del Poder Legislativo en el próximo periodo ordinario de sesiones será recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia, con la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia y corrupción que, con un diseño articulado y coherente, conlleve a un cambio profundo en el ejercicio de la administración pública.
Así lo aseveró la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, al señalar que las fuerzas políticas deben asumir su compromiso para que el Congreso expida las disposiciones normativas que fortalezcan un nuevo diseño institucional y resuelvan la fragmentación que prevalece en el combate a la corrupción, con equilibrios y contrapesos, y sobre todo, con la participación ciudadana.
Recordó que de acuerdo con el Informe de Latinobarómetro 2015, en el rubro La Democracia en América Latina, son los latinoamericanos los más insatisfechos. En el caso de los mexicanos, registramos el menor grado de satisfacción con la democracia: sólo 19 de cada 100 se dice satisfecho. Cabe destacar que México es el país que muestra el menor nivel de satisfacción del resto de los 18 del estudio.
Un dato más de llamar la atención, es que apenas 17 por ciento de los ciudadanos mexicanos se siente representado ante el Congreso; en tanto, sobre la percepción de la transparencia en el gobierno, el 26 por ciento aprueba que es transparente; mientras que en los avances sobre la reducción de la corrupción en las instituciones, nuestro país registró un lastimoso 22 por ciento, apenas arriba de Argentina y Brasil, de un total de 19 paises de latinoamérica.
Concluir el proceso del Sistema Nacional de Transparencia y materializar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, explicó la legisladora de Acción Nacional, demanda del Poder Legislativo celeridad en la expedición de leyes secundarias y la aprobación de leyes generales.
Esta normatividad incluye iniciativas de ley como la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la General de Archivos, la General del Sistema Nacional Anticorrupción; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la que se refiere al combate a la corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, entre otras.
Rojas Hernández resaltó que la importancia de contar con un diseño de leyes articuladas y coherentes de transparencia y anticorrupción, demanda de un trabajo conjunto para aprobar la legislación complementaria en materia de fuero y expedir la Ley de la Fiscalía General de la República.
También se requiere armonizar las leyes federales entre sí con reformas en materia de responsabilidades de los servidores públicos; de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, anticorrupción en contrataciones públicas, y del servicio profesional de carrera, entre otras.
“El desafío en este proceso legislativo será resolver la falta de independencia de los responsables de la investigación y sanción con respecto a sus superiores y colegas. Resolver la falta de incentivos poderosos para hacer lo correcto en la función pública. Resolver la falta de eficacia de la fiscalización para atajar malos ejercicios del presupuesto, corregirlos, sancionarlos y prevenirlos, así como la impunidad”, finalizó.