El Senado de la República avaló por mayoría reformar la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que agrega el término “igualdad”, a fin de incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno, y promover la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas de las mujeres indígenas.
Con ello se busca preservar la perspectiva de género para las mujeres indígenas, ante la desigualdad que predomina en el país, y respetar el mandato constitucional que exige su incorporación al desarrollo, apoyo a sus proyectos productivos, la protección de su salud, impulso a su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
En la sociedad mexicana, se advierte, prevalece la discriminación a las mujeres, traducida en menos oportunidades de educación, menores sueldos para trabajos iguales, y en conductas estereotipadas sobre los roles que la mujer debe asumir que, incluso, se fomentan en los medios de comunicación.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eviel Pérez Magaña expresó que en la realidad social prevalece la “discriminación múltiple” hacia la mujer indígena, “por ser mujer, indígena y pobre”.
Esto obliga a impulsar el acceso de mujeres indígenas a las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal, porque sólo a través de la igualdad se tiene acceso al mismo trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, denunció que seis millones de mujeres indígenas sufren rezagos, desnutrición, analfabetismo, desigualdad, violencia de género, precariedad y menos oportunidades para acceder a la salud y educación.
Además, 57.5 por ciento de mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos, y 19.6 por ciento no percibe ningún tipo de remuneración.
El senador Isidro Pedraza Chávez expresó que el tema indígena es donde hay mayor rezago en cuanto al cumplimiento y observancia de la ley, “por ello se debe exigir su respeto, para evitar que quede como letra muerta y lograr la equidad y desarrollo de estos pueblos originarios”.
Esta reforma busca robustecer la ley y que el Congreso vigile los programas, pues “no basta con la voluntad legislativa, falta la voluntad ejecutiva para que estas leyes no se queden rezagadas”, concluyó.