Comprometido el PIB de México
Con el objetivo de establecer como un derecho ciudadano contar con finanzas públicas estables, el senador Francisco Búrquez Valenzuela propuso reformar los artículos 25, 73 y 117 de la Constitución Política, a efecto de que el Estado no pueda contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos de ningún tipo.
Asimismo, la iniciativa estable que no podrá imponer impuestos arbitrarios ni de carácter confiscatorio y la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se someterán a una política de déficit cero.
Lo anterior, debido a que la deuda pública ha crecido a tasas cercanas al 10 por ciento anual desde que este gobierno inició.
Aseguró que la deuda externa del gobierno federal ha crecido de manera significativa ya que, de enero a junio de 2007, el saldo representaba el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para 2015 aumentó a 7.2 por ciento.
El gobierno no tiene control de la deuda, ya que al inicio de la actual administración, estimó que para 2016 la deuda pública representaría el 36 por ciento del PIB y hoy reconoce que llegaremos al 48 por ciento, aseguró el legislador.
Por tal motivo, el senador también propuso que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, cuyo destino sea la inversión pública, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del gasto neto programable ejercido y registrado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Dichas obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar doce meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses y el Congreso establecerá las leyes en materia de responsabilidades, tipos penales y sus sanciones a los servidores públicos que endeuden al Estado y que, en general, contravengan lo previsto.
En el caso de una invasión extranjera contra México, la Federación podrá endeudarse para financiar los gastos ocasionados por la guerra.
Creemos que un nivel de deuda como proporción del PIB, que no sólo no desciende sino que aumenta, no fortalece la confianza en el país; además se corre el riesgo de que las finanzas públicas puedan convertirse en una fuente de vulnerabilidad fiscal de la economía mexicana. Por ello, es indispensable establecer una política verdadera de déficit cero a nivel constitucional, concluyó.
El documento se envió a la Cámara de Diputados.