El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, reveló que actualmente se investigan 47 casos de posible enriquecimiento ilícito y ofreció a los diputados federales con quienes se reunió, que una vez que se tenga la solidez de los expedientes, se abrirán los procedimientos de responsabilidades administrativas y, en su caso, la remisión a Procuraduría General de la República para las sanciones penales que correspondan.
Sin dar mayores detalles por obvias razones, el funcionario reconoció que se debe hacer un esfuerzo mayor en materia de mecanismos de participación ciudadana, porque enla actualidad hay 218 formas de consulta entre las dependencias.
Explicó que se implementó la Ventanilla Única Nacional que concentra en un solo portal información de cuatro mil 518 trámites, de los cuales más de mil 100 tienen formato en línea.
Consideró que las nuevas medidas constitucionales y los expedientes quedarán abiertos siete años después de que los funcionarios dejen el cargo, para efectos de responsabilidades administrativas.
Por la forma que ha evolucionado y escalado el tema en el debate público, afirmó, los legisladores tienen la obligación de reflexionar sobre los alcances y límites de las definiciones que tiene la ley en materia de conflicto de interés, el cual se materializa legalmente cuando la relación cercana de un servidor público con un particular rompe el principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
Andrade Martínez dijo que el reto principal es construir marcos legales que permitan trabajar en los procesos jurídicos en términos de pruebas, de tal suerte que se abatan los niveles de impunidad en casos específicos.
Añadió que uno de los elementos de la fiscalización coordinada entre la ASF y la SFP, es el conjunto de rubros vinculados con la educación y el uso de recursos en las instituciones de educación superior.
“Se alcanzó un acuerdo en este 2015 para revisar distintas partidas que utilizan, ya sea de manera directa, por la provisión de un servicio a la administración pública o sea por subsidio”, aclaró.
El titular de la SFP admitió que aún hay pendientes siete titulares de órganos de control por nombrar, mientras que en materia de sanciones a servidores públicos, entre directores generales y titulares de unidad, asciende aproximadamente a 200 personas las sancionadas durante el presente año, además de 10 titulares de entidades paraestatales que incurrieron en violaciones a las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Explicó que se ha iniciado una política de contrataciones abiertas que significa establecer nuevas reglas para que en los procedimientos de licitación, se involucre el proceso desde la concepción y planificación de los proyectos el concepto de transparencia.
En el tema de conflicto de interés, 9 mil servidores públicos que han declarado tenerlo, y de ellos, cerca de 300 han establecido en la participación de contrataciones públicas, que pudieran tener una relación que los excluya de la operación específica.
Andrade Martínez precisó que se han emitido 2 mil 45 observaciones y se recuperaron mil 700 millones de pesos derivados de este ejercicio de auditoría.