El senador Silvano Aureoles Conejo pidió al Pleno de este órgano legislativo que solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un informe sobre las posibles anomalías que detectó la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de los fondos del programa Procampo 2010.
En su calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, indicó que gran parte del territorio nacional se encuentra en una situación de emergencia debido a las sequías, que han afectado severamente al campo y el ganado, por lo que “se han destinado apoyos por parte de la sociedad civil y del propio Gobierno federal para los afectados, mediante el envío de despensas, granos y agua embotellada”.
Sin embargo, señaló que muchos campesinos se preguntan: ¿Por qué el apoyo del gobierno federal se da hasta que ya miles de cabezas de ganado y hectáreas de siembra se han perdido? ¿Cuál es la función de la SAGARPA para enfrentar problemas de sequía como éste?
Silvano Aureoles consideró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) debe informar sobre el desvío de fondos del Programa Procampo, por el cual se vieron beneficiados servidores públicos de dicha secretaría, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación.
“Esta noticia más que representar un acto de corrupción, ofende a miles de personas, en su mayoría campesinos y ganaderos, así como a sectores de alta marginación, que nunca han visto apoyo de ninguna índole en sus lugares de origen y que de haberlos, no son beneficiados por trámites burocráticos que hacen difícil cumplir con los requisitos”, expresó.
Comentó que un acto de corrupción de esta índole, “cuando necesitamos de mayores recursos para hacer frente al problema de la sequía en el país, nos da un ejemplo de la cultura que muchos servidores públicos tienen y que es valerse de lo público para lograr un beneficio, aunque sea en perjuicio de personas que en verdad requieren los apoyos para garantizar su alimento diario”.
El legislador por Michoacán dijo que en caso de que se acredite la culpabilidad de los servidores públicos, estos deben ser puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial correspondiente y el Estado deberá reparar el daño causado, tal como lo establece el Código Penal Federal.