Secuestro, inseguridad, corrupción, injusticia y miedo, son las palabras que más relacionan los ciudadanos con el concepto desapariciones forzadas, en ese contexto, el 61 por ciento de la población consultada piensa que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa es el caso más representativo de desapariciones forzadas.
Son los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública: Ley General contra Desapariciones Forzadas que aplicó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en una muestra representativa de ciudadanos de todo el país que consistió en 921 entrevistas telefónicas efectivas a personas mayores de 18 años quienes contaban con un teléfono fijo.
La encuesta pone en evidencia que después de los hechos ocurridos en el estado de Guerrero, el concepto desaparición forzada pasó a formar parte de un lugar común en el vocabulario de los mexicanos asociándolo con palabras como inseguridad, miedo, corrupción, secuestro e injusticia entre otras.
Esta encuesta arrojó datos concretos como el que 67 de cada 100 mexicanos sostiene que el Estado Mexicano no está tomando las medidas pertinentes para contrarrestar este problema; cifra muy cercana del 70 por ciento que piensa que nuestras autoridades gubernamentales tienen mucha responsabilidad en este rubro.
Entre las cifras que se encuentran en el resumen ejecutivo de esta encuesta, está que la policía, los partidos políticos, el Ejército y la Marina son los menos responsables en este inconveniente con el 64, 54 y 48 por ciento respectivamente, en tanto que los ciudadanos creen que los más responsables de las desapariciones forzadas son los traficantes de personas, los narcotraficantes y los delincuentes, con 76, 73 y 72 por ciento, respectivamente.
Según la muestra, un porcentaje considerable, 74% de la población, no conoce o ha oído hablar de la Reforma Constitucional que otorga facultades a los Congresos locales, a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República para contrarrestar este delito llamada “Ley General contra desapariciones forzadas”.
La Encuesta Nacional de Opinión Pública: Ley General contra desapariciones forzadas revela que aproximadamente la mitad de la población considera que la Ley mejorará la protección de los ciudadanos, la calidad de vida de las personas, la seguridad de la población y reducirá la tasa de desaparecidos.
Para el 45 por ciento de los encuestados, la reforma en materia de desapariciones forzadas es “muy necesaria” para el país; en ese sentido el 46 por ciento respondió que con ella se reducirá la tasa de desaparecidos, el 42 por ciento cree que la delincuencia organizada se verá reducida, así como el 50 por ciento considera que mejorará la protección de los ciudadanos.
Entre los aspectos de la nueva ley, destaca el establecer un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 85 por ciento de la población se encuentra “muy” o “algo” de acuerdo en que se lleve a cabo.