El problema de la urbanización desmedida sobre zonas con vestigio arqueológico, como Cholula, Teotihuacán, El Tajín, Monte Albán y Chichen Itzá, ha generado saqueo y destrucción, puesto que “los gobiernos locales continúan autorizando planes de desarrollo de manera irresponsable”.
Esta situación, afirmó la diputada federal Leonor Romero Sevilla, “implica pérdidas irreparables al conocimiento y patrimonio cultural mexicano”.
Dijo que por ello promueve una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, con lo que busca que los tres niveles de gobierno se coordinen en el diseño e implementación de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Detalla que en el cuidado de éstos “gran parte de la responsabilidad recae indirectamente en los municipios”, por las facultades que les otorga la Constitución, como elaborar planes de desarrollo urbano, otorgar licencias para construcción, autorizar el uso de suelo y aprobar zonificaciones.
Sin embargo, asegura que los programas de desarrollo que corresponden a los municipios o centros de población “son débiles en esta materia, ya sea por falta de presupuesto o por razones técnicas significativas”, lo que demanda una mayor coordinación entre éstos y los gobiernos federal y estatal.
Por otra parte, refiere que la Carta Magna establece que las facultades no concedidas expresamente a la Federación, están implícitamente reservadas a los estados, por lo que el patrimonio regional está a cargo de las autoridades locales, en contraposición a las cuestiones de interés nacional.
Sostiene que el deterioro natural y la contaminación ambiental afectan a los monumentos, pero “también el olvido y la falta de un marco jurídico específico que regule su protección y preservación a través de una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno”.
Ante ello, propone una reforma al artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos para que se dé una combinación de esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las entidades y municipios, con el propósito de mejorar la gestión del patrimonio histórico de la nación.
También plantea modificar el artículo 9 de la misma ley general, para fijar que corresponde a los municipios “elaborar planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos para su conservación y mejora, cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esta materia”.
Asimismo, contempla añadir cinco artículos Bis al ordenamiento con objeto de precisar las bases en que tienen que ser redactados los planes de desarrollo urbano en los municipios, y para enfatizar la obligación de éstos de trazar planes especiales de protección a zonas de monumentos.
Según la legisladora, a pesar de que nuestro país cuenta con una protección legal eficiente (la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos) persiste la necesidad de analizar la legislación complementaria.
“Ciertamente, el marco jurídico relativo al patrimonio cultural es amplio, empero, hace falta precisar o adicionar lo pertinente al desarrollo y asentamiento urbano, para destacar la importancia de contar con mecanismos de protección del patrimonio cultural”, concluyó.