La diputada federal Lorenia Valles Sampedro informó que el próximo miércoles 4 de junio se instalará un grupo de trabajo de la Cámara de Diputados para dar seguimiento y difundir el estado que al momento guarda la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Acompañada por una docena de madres y familiares de los 49 niños y niñas que murieron el 5 de junio del 2009, llamó al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a que informe también de las responsabilidades que tienen tanto el gobierno de Sonora como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En tanto, Juanita Luna, madre del niño Jonathan que murió en la guardería, explicó que las madres se presentaron al Senado para exigir justicia por el “asesinato de Estado” que se cometió contra los 49 menores. Aseguró que las instituciones encargadas de la investigación no han querido hacer justicia porque “ellos saben quiénes fueron los responsables del asesinato”.
Asimismo, en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles se aprobó un Punto de Acuerdo en el cual se solicita al Procurador General de la República informe del estado que guarda la investigación de manera expedita y se deslinden las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados.
El punto de acuerdo plantea la obligación del gobierno del Estado de Sonora y del IMSS de cumplir la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010, donde se señala que ambas instituciones tienen la obligación de reparar el daño causado por el fallecimiento y las lesiones a los menores el 5 de junio de 2009.
En su intervención, la diputada sonorense dijo que desafortunadamente el dictamen de reparación del daño de la SCJN ha sido ignorado por los principales responsables de la tragedia: el gobierno de Sonora y el IMSS, por lo que se hace necesario retomarlo y actuar en consecuencia.
Acusó a quien en 2009 era el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, por no atender el informe final de la Comisión Investigadora e incumplir la recomendación del Poder Judicial de la Federación, ya que los propios padres consideran “violentados sus derechos y los de sus hijos respecto de sus garantías individuales”, apuntó.
La legisladora subrayó que han pasado ya tres procuradores generales sin que se haya resuelto este caso que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto, pues toca las fibras más sensibles de toda sociedad, que es la niñez.
Recordó que los padres y madres de familia de esos niños y niñas manifestaron desde el año pasado al Congreso de la Unión su desacuerdo con la investigación realizada por la PGR, a la que han calificado de “lenta e inexacta”.
Dijo que a escasos días de que se cumplan cinco años de la tragedia que costó la vida de 49 niños y marcó la vida de muchos otros, a la fecha se desconoce de manera fehaciente las causas y motivos del incendio.
Explicó que a pesar de haberse abierto una nueva línea de investigación en la que los propios padres han aportado pruebas que apuntan a que el incendio que costó la vida de sus hijos e hijas fue provocado, hasta el día de hoy no hay resultados convincentes.