· A los menores se les considera como grupo vulnerable y no comosujetos de derecho, lamenta la senadora Angélica de la Peña
· De 2012 a 2014, creció 200 por ciento la desaparición demujeresadolescentes, y la respuesta del Estado no ha estado a la altura,adviertela Red por los Derechos de la Infancia
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión deDerechos Humanos del Senado, aseguró que ser menor de edad no esjustificación para que no se les reconozca como sujetos de derecho, porloque se buscará que la Ley General sobre Desaparición Forzada yDesapariciónde Personas por Particulares, cuente con una perspectiva de infancia.
Lo anterior, al inaugurar el Foro “Desapariciones en México: Unamiradadesde los derechos de la Infancia”, en donde, agregó, se debe cumplirconlos instrumentos internacionales en la materia, pues al 37 por ciento delapoblación que es menor de 18 años de edad se le visibiliza como grupovulnerable y no como sujetos de derechos.
En este foro, agregó, se manifestará la preocupación de lasorganizacionesde la sociedad civil y no gubernamentales, respecto a la exigencia dereconocer los flagelos que viven niñas y niños en el país, ya sea comovíctimas directas o indirectas, cuando un familiar es desaparecido.
Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de
Derechos
Humanos (CNDH), aseguró que se debe contar con un marco normativogeneralque sirva de modelo nacional para la prevención, investigación,sanción yreparación del daño a víctimas directas e indirectas de ladesapariciónforzada de personas y de la de personas cometidas por particulares.
La ley general en la materia, dijo, debe dar prioridad a la búsqueda ylocalización de niñas, niños y adolescentes y al tipo penal dedesapariciónforzada cometido por autoridades o particulares, el cual agrave supunibilidad cuando el sujeto pasivo del delito sea menor de 18 años.
Además, coincidió en la creación de un apartado dedicado a la niñez yrecalcó la necesidad de crear áreas y protocolos especializados en elcasode desaparición de niñas, niños y adolescentes.
En su oportunidad Carlos Manzo, de la Procuraduría Federal del
Subsistemade Protección Especial de Protección de Niñas, Niños y AdolescentesdelDIF, subrayó que la desaparición forzada de personas afectadirectamente ala sociedad, destruye el tejido social y fomenta la vinculación de otrasconductas delictivas, además, genera incertidumbre en las familias.
Sostuvo que la Procuraduría Federal de Protección está a favor detodas lasiniciativas que tengan injerencia en la protección y restitución de losderechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que aseguró que sesumarán a todas aquellas que beneficien el interés superior de laniñez.
Por su parte, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México,expuso que la desaparición forzada de adultos tiene un grave impacto eneldesarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país, por lo cual,dijo, es necesario desarrollar políticas y mecanismos de apoyo como elacceso de derechos a la continuación de la educación, salud o de saludmental y acceso a la seguridad social.
Subrayó que la proporción de niñas y niños que se encuentranactualmente enel registro de personas desaparecidas, merece un esfuerzo especial demecanismos de búsqueda que sea sensible a las situaciones específicasdeeste sector de la población, e indicó que el nuevo sistema deprotecciónintegral debe promover políticas integrales de prevención de todos losfenómenos integrados como el *grooming* o trata de personas con fines deexplotación sexual o laboral.
Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas en México, puntualizó que el Estadotiene la obligación de impedir que sus agentes participen directa oindirectamente en la desaparición de menores, así como de adoptarmedidasespeciales de protección; por lo que es una prioridad que la ley cuenteconuna perspectiva de derechos de la infancia, en la que se retomen losestándares internacionales y los sentidos en que la desaparición afectealos niños, niñas y adolescentes.
Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaróquela condición de niñas, niños y adolescentes, exige una protecciónespecial:un derecho adicional y complementario a los demás derechos de laspersonas,frente a la desaparición de personas, pues hay una múltiple violacióna losderechos humanos.
Finalmente, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Redpor losDerechos de la Infancia en México (REDIM), comentó que a través de unanálisis, con datos de 2006 al 2014 de la Secretaría de Gobernación,sepuede confirmar que en el tema de la desaparición de personas no es unasunto de adultos, toda vez que tiene un fuerte impacto en niñas, niñosyadolescentes, ya que en el registro de 23 mil casos, seis mil 700personasson menores de 18 años de edad.
Alertó que de 2012 a 2014, creció 200 por ciento la desaparición demujeresadolescentes, por lo que consideró que la respuesta a este fenómeno porparte del Estado no ha estado a la altura de la problemática, por lo queconsideró que el nuevo proyecto que se está debatiendo, incorpore uncapítulo sobre el impacto en la niñez y adolescencia e incluya unprotocolode búsqueda distinto, pues no es suficiente con el actual, como laAlertaAmber o el Protocolo Alba.
En el acto de inauguración la señora Esperanza Legorreta López, madredeEvelyn, víctima de desaparición forzada a la edad de nueve años,ofreció sutestimonio personal.