Las diputadas María de Lourdes Amaya Reyes, Loretta Ortiz Ahlf y Elena Tapia Fonllem, y los diputados Guillermo Sánchez Torres, Roberto López Suárez y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y MC, presentarán en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar la liberación del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder y vocero de las autodefensas en Michoacán, y de sus allegados.
En la fundamentación del punto de acuerdo, diputadas y diputados explican la situación de olvido y miseria en las que municipios de Tierra Caliente y de la Costa de Michoacán, han vivido hasta nuestros días, y que ha hecho del cultivo y tráfico de enervantes parte toral en la actividad económica de dicha región, extendiéndose a casi todo el estado.
Asimismo, destacan el acontecimiento del lunes 13 de enero del año en curso, cuando el gabinete de seguridad del gobierno federal firmó el llamado “Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad de Michoacán", por el cual se ceden las facultades de seguridad de los municipios y el estado a la Federación, lo que profundizaría la crisis al mandar al ejército a desarmar a los civiles que ellos mismos auspiciaron y financiaron.
A todo lo expuesto se sumó la designación de Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, que en resumen recibió de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto todas las facultades correspondientes al gobernador de Michoacán, en una clara violación de la soberanía del estado.
Durante el primer Encuentro Nacional de Autodefensas ciudadanas, realizado el 28 de mayo en la Ciudad de México, Mireles destacó que las guardias comunitarias están dispuestas a defender a México y "no dejar las armas de la dignidad, la justicia y la razón". Aclaró que “su guerra” es contra el crimen, y no contra el gobierno o los estados.
Por consiguiente, el 26 de junio del presente año, un grupo de autodefensas encabezados por Mireles ingresó al poblado de La Mira, Michoacán, para conformar un consejo de guardias civiles.
Al día siguiente, 27 de junio, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas a Mireles, junto a otras 83 personas, acusadas de portación de armas de uso exclusivo del Ejército así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de marihuana y cocaína. Sin embargo, las declaraciones del líder de autodefensas Hipólito Mora indican que la aprehensión de Mireles obedece a no haber “respetado el acuerdo” firmado con el Gobierno Federal, mediante el cual él y otros grupos acordaron convertirse en parte de la Fuerza Rural Estatal.
Quienes suscribieron el punto de acuerdo, consideran que los acuerdos firmados entre los grupos de autodefensa y la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán brindan un marco para la desmovilización y para el gradual restablecimiento del Estado de Derecho mediante una negociación entre los grupos ciudadanos que lograron vencer en gran parte del estado a los grupos del crimen organizado.
La persecución y criminalización de estos grupos conlleva un grave riesgo de que resurja el poderío de los cárteles, además de que significa un tratamiento desigual hacia aquellas personas que han conformado la fuerza rural y hacia aquellas que continúan con el esfuerzo para restablecer la seguridad.
Nuestro orden jurídico contempla la posibilidad de que se decrete la libertad de las personas que no hayan cometido delitos graves, por lo que en aras de la distensión y de la pacificación del Estado, quienes suscribieron el punto de acuerdo consideraron urgente que se exhorte a las dependencias responsables de la seguridad a que, con estricto apego a derecho, resuelvan la libertad del doctor Mireles y sus allegados, quienes podrían contribuir a la paz de Michoacán apoyando desde sus comunidades con la experiencia y el conocimiento acerca de los grupos criminales y su forma de operación, en vez de estar recluidos.