En breve será promulgada la reforma en materia de Transparencia, con lo que será obligatorio que los sindicatos y sus dirigentes rindan cuentas a la sociedad, pues no habrá pretexto para que se nieguen a informar sobre el destino del dinero público que reciben cada año, advirtió la diputada federal Adriana Fuentes Téllez.
Además, dijo contundente la legisladora, los gobiernos de los estados y municipios también estarán obligados a transparentar su gasto, porque todo es dinero que pertenece al pueblo y los gobernantes tienen la obligación de administrarlo con honradez y para ello es la reforma en materia de transparencia.
Aclaró que también el Congreso federal, integrado por diputados y senadores, estará obligado a informar el destino que le da a cada peso que recibe del erario público.
“Para ello impulsamos estas reformas que incluye diversas disposiciones de la Constitución Política que en materia de Transparencia fueron aprobadas el pasado 26 de noviembre por el Congreso y que alcanzaron ya el voto favorable de 17 Legislaturas estatales”, afirmó la diputada Fuentes Téllez.
Con ello, precisó, se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos”.
La reforma constitucional en materia de transparencia está más cerca de ser promulgada, luego de que alcanzó la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, que fortalece y da autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Ya fue avalada por el congreso de Chiapas, que se convirtió en el número 17 en respaldar la iniciativa y “que quede claro que no hay pretexto para que ninguna entidad que reciba dinero del erario público debe ocultar la información cuando ésta le sea requerida”.
Recordó que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 424 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Transparencia y señaló que con ello se da plena autonomía al nuevo órgano garante, ya que además de fortalecerlo, los comisionados pasarán de cinco a siete, y serán elegidos por el Senado.
Se amplían, precisó la legisladora, las facultades del organismo y se fortalece su gestión y autonomía. Sin embargo, aclaro que existen dos razones para reservar de manera temporal la información: cuando sea de interés público o de seguridad nacional.
“Ya no se podrá abusar de la reserva como se hizo en administraciones anteriores. No sólo se llevaba a cabo esa práctica al extremo y sin mayor justificación, como lo documentó en su momento el propio IFAI ante los legisladores.
“Tampoco existía hasta hace unos años una normatividad exacta que obligara a la preservación y clasificación de los archivos bajo custodia de las autoridades. Ahora existen responsables y responsabilidades de resguardar la documentación y la información”, señaló la diputada.
Al ser cuestionada sobre los recursos de revisión, dijo que se concedió esa facultad al consejero jurídico del gobierno. “Podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional”.
Explicó que en la reforma se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.
Sobre la opacidad en la rendición de cuentas en estados y municipios, Fuentes Téllez señaló que precisamente “las modificaciones están orientadas a crear un órgano autónomo constitucional, encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia. También, para facultarlo a actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados para asegurar el derecho de acceso a la información”.
De esa forma, dijo, los gobiernos de estados y municipios en la República no podrán ocultar, dilatar o negar la información que les sea requerida por cualquier ciudadano que así la solicite, en el momento que crea oportuno.
Destacó que la rendición de cuentas y la transparencia son sinónimo en una gestión de un gobierno democrático. “De tal manera que con la aprobación de la reforma en la materia se contribuye con el presidente de la República a cumplir un compromiso que es obligatorio en toda la administración pública”.
De esta manera, señaló finalmente, hay más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos, legisladores, fideicomisos. “Todo aquel o toda entidad que reciba recursos públicos es sujeto obligado de transparencia. Y no hay marcha atrás”.
Se trata de erradicar las malas prácticas y combatir la corrupción en todas sus formas. “Y cada día se gana terreno en México para una gestión pública honrada, honorable y eficiente, como lo ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto”.