La Asociación Alto al Secuestro que preside Isabel Miranda de Wallas, dio a conocer el último reporte estadístico de este flagelo nacional y considera que no han sido suficientes los esfuerzos que se realizan a nivel nacional.

Este es el informe: “El secuestro en nuestro país sigue siendo asignatura pendiente, los esfuerzos han sido insuficientes, no se ha logrado la articulación de los mismos.

“Sigue siendo árido el campo de la investigación, no tenemos policías suficientes y capacitados para el tamaño del problema.

“Continuamos teniendo a policías, ex policías, Ministerios Públicos, los menos, y hasta defensores de oficio involucrados en secuestros. Que no tan sólo no combaten el delito, peor aún, son parte de las organizaciones criminales.

“Los recursos tanto económicos, materiales y humanos brillan por su ausencia, es urgente hacer auditorías y fiscalización de los recursos.  

“Muchas de las unidades piden prestados los equipos para pasar la supervisión.

“Los policías ganan sueldos miserables que no son acordes a la responsabilidad que enfrentan y en la misma situación se encuentran los Ministerios Públicos. Muchas veces ponen de su bolsa recursos económicos para gastos que no les corresponden, como arreglar sus vehículos, gasolina y hasta darles de comer a los detenidos, con lo cual tácitamente los están enviando a corromperse.

“Las instituciones federales que actualmente están atendiendo una tercera parte de los secuestros son los más comprometidos y preparados, para la negociación y traer a la víctima de regreso, pero es imposible que se responsabilicen de todo el problema.

“Lo peor es que las víctimas siguen en total desamparo, por parte de las Procuradurías y Fiscalías, los Ministerios Públicos y el propio Poder Judicial, quienes siguen empoderando los derechos de los imputados y no así el de las víctimas”. 

Es urgente que se instauren los Comités Estatales de Atención a Víctimas y los abogados
victimales, pero más aún el que se hagan VALER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, quienes
son las que impulsan verdaderamente los pocos casos que llegan ante un Juez.
 
En lo que va de la presente administración se han cometido 4,383 secuestros de los cuales
3,868 fueron registrados en una averiguación previa, mientras que los
545 restantes, quedaron registrados en alguna institución de seguridad pero no en
averiguaciones previas.
 
Esto nos refleja que en México se cometen, en promedio:
243 secuestros al mes,
60 secuestros a la semana,
8 secuestros al día, y
1 secuestro cada 3 horas.
 
220 secuestros denunciados durante el mes de mayo de 2014, lo cual representa un 7% de
incremento en relación al mes de abril de este año, donde se denunciaron 204 secuestros.
 
63% de incremento, comparando los cinco primeros meses del año 2013, donde hubo 947
secuestros contra los cinco primeros meses de 2014, donde hubo 1542 secuestros.
 
3% es la tasa nacional por cada 100,000 habitantes. 9 entidades rebasaron esta tasa,
siendo los siguientes: Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Estado de México,
Zacatecas, Michoacán, Veracruz y el Distrito Federal.
 
66% del total de secuestros está representado en
6 entidades: Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal y Veracruz.
 
Las 5 entidades con mayor número de secuestros, en lo que va de la presente
administración, son:
838: Estado de México.
403: Morelos.
390: Guerrero.
384: Tamaulipas.
284: Distrito Federal.
 
 Las 5 entidades donde repuntó el secuestro durante el mes de mayo de 2014, en
comparación con el mes de abril del mismo año son:
 
Jalisco
Estado de México
Distrito Federal
Oaxaca
Nuevo León
 
En cuanto al perfil de las víctimas, el 71% de los secuestrados son del género masculino y el
29% son del género femenino.
 
24% de los secuestrados tienen entre 21 y 30 años de edad, mientras que el
20% se encuentra entre los 31 y 40 años de edad.
 
El sector más vulnerable es el de asalariados, comerciantes, estudiantes y profesionistas, el
69.9% de las víctimas de secuestro pertenecen a este sector.
 
Sabemos que el secuestro es un delito complejo pero también sabemos que es un delito
que sí se puede combatir y reducir a su más ínfima expresión.
 
Por ello, exigimos consecuencias para quien no cumpla, dejemos de disimular y afrontemos
el problema.