De mil 856 iniciativas presentadas en lo que va de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, están pendientes de dictaminar 975, lo que representa el 52 por ciento: es decir, prácticamente la mitad siguen pendientes en la “congeladora”.
Así denunció el senador Fernando Yunes Márquez, al reconocer que en el Senado de la República el trabajo parlamentario es todavía más lento, porque en lo que va de esta 62 Legislatura se han presentaron 933 iniciativas, de las cuales 823 están pendientes, lo que representa tan sólo el 12 por ciento de iniciativas dictaminadas; es decir, de cada 10 iniciativas sólo 1 es finalmente dictaminada y llevada al Pleno.
Por ello, acotó, buscamos empujar una reforma legal que considere lo siguiente: Que todo proyecto de ley o decreto, en ambas cámaras, deberá discutirse en un término no mayor a 60 días naturales; que todo proyecto aprobado en la Cámara de origen pasará para su discusión a la otra de inmediato; que todo proyecto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen, y ésta deberá discutirlo en un término no mayor a 30 días naturales, si es confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará a la Cámara revisora de inmediato.
Asimismo, continuó, se plantea que el proyecto deberá ser discutido por ésta en un término no mayor a 30 días naturales, y si el proyecto es desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá de inmediato a la de origen con las observaciones que haga la Cámara revisora, y ésta deberá discutirlo en un término no mayor a 15 días naturales, y si examinado de nuevo es aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes pasará a la Cámara que lo desechó de inmediato.
En este caso, matizó Yunes Márquez, dicha Cámara tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, y si es aprobado pasará de inmediato al Ejecutivo para continuar el proceso legislativo; por último, si un proyecto es desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de origen deberá hacerse en un plazo no mayor a 15 días naturales, y si es aprobado pasará de inmediato todo el proyecto al Ejecutivo para la continuación del proceso legislativo.
“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora, son aprobadas por la de origen, volverá de inmediato a aquélla para que tome a consideración las razones de ésta, y si en un término de
15 días naturales se desecharan en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por las dos Cámaras, se pasará de inmediato al Ejecutivo para seguir el proceso legislativo”, refirió.
La iniciativa que se propone, concluyó, busca dar certidumbre al proceso legislativo contemplado en el artículo 72 de la Constitución y tiene como propósito principal dignificar la función de legislador, y de esta manera hacer un Congreso de la Unión mucho más ágil y eficiente, cumpliendo con las exigencias que requieren los mexicanos.