En el “Análisis de las auditorías de las funciones de desarrollo social” de la Cuenta Pública 2012, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, reconoció que los presupuestos y políticas para revertir la desigualdad social y la pobreza, no han permitido modificar sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios.
Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Portal Martínez precisó que si bien el gobierno dedica una parte sustancial de su presupuesto a la promoción de programas y políticas a favor de disminuir la brecha entre los distintos sectores de la sociedad, los datos indican que esos recursos no tienen un efecto multiplicador que permita mejorar el nivel de vida de los pobres.
“Se siguen encontrando prácticas de ineficiencia que perjudican a la población receptora, lo que resulta absurdo puesto que no se trata de una carencia de recursos, sino de una deficiente administración de los mismos, lo que permite que se perpetúe el ciclo de la pobreza”, afirmó.
Relató que los resultados de la fiscalización a las funciones de desarrollo social muestran la necesidad de reforzar las acciones para evaluar la afectación del medio ambiente, elevar la calidad de la educación, lograr la cobertura universal en salud, fortalecer la política de apoyo alimentario y revisar la situación paradójica en materia de vivienda.
El titular de la ASF detalló que en 2012, de los 5.8 millones de familias beneficiadas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), a un millón se le recertificó su situación socioeconómica. Añadió que los resultados mostraron que el 82.3 por ciento de las familias no lograron superar su condición de pobreza, por lo que continuarán en el programa.
En salud, expuso que en 2012 se avanzó en la cobertura, pero es conveniente ampliar las acciones del primer nivel, ya que de los cinco subsistemas que integran el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, sólo 5 de los 31 estados contaron con el marco analítico básico para diagnosticar los 27 padecimientos epidemiológicos prioritarios.
Resaltó que en ese año, carecían del servicio de cobertura universal en salud 7.1 millones de personas y las 341 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular significaron el 2.4 por ciento de los padecimientos existentes en el país, que sí cubren al cien por ciento el ISSSTE y el IMSS, y en 59 por ciento, Pemex.
El padrón nacional de beneficiarios del Seguro Popular, mencionó, registró en 2012 un índice de colisión de 14.8 por ciento, ya que 7 millones de beneficiarios se encontraban registrados en los padrones de otras instituciones de seguridad social.
Portal Martínez dijo que las auditorías practicadas a las cuatro instituciones de seguridad social evidenciaron que en el periodo 2007-2012 las tasas de mortalidad en las principales enfermedades no transmisibles, por cada cien mil derechohabientes, registraron una tendencia a la baja, como es el caso del cáncer cérvico uterino y la diabetes mellitus.
Argumentó que de las revisiones en el ámbito de Tecnologías de Información del sector social, específicamente en las entidades del sector salud, se detectó que durante los años 2004 a 2012 se han ejercidos recursos para modernizar sus procesos del orden de 21 mil millones de pesos; no obstante ello, continúan con problemas, sobre todo en proyectos para la operación y manejo de expedientes clínicos.
Precisó que en el rubro de prestaciones sociales, la ASF observó que SuperISSSTE no realizó la conciliación y depuración de sus cuentas por cobrar y de proveedores, lo que originó que los saldos presentados en la Cuenta Pública 2012 no reflejaran derechos y obligaciones reales de cobro y pago.
Respecto al gasto social en educación, indicó que los resultados obtenidos aún no reflejan el cambio estructural que se requiere para abatir las diferencias en cuanto a la calidad de los servicios y, por lo mismo, preparar adecuadamente a los alumnos independientemente del nivel que cursen.
Subrayó que hasta 2012, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contaba con un diagnóstico nacional que le permitiera conocer las competencias profesionales de los 1.1 millones de figuras educativas, a fin de determinar las necesidades de formación y superación profesional.
De los 1.1 millones de figuras educativas, indicó, el 92.8 por ciento participó en programas de formación continua y superación profesional; sin embargo, la SEP careció de la información sobre el número de figuras que aprobaron los cursos, la cual es necesaria para conocer su nivel de competencia, afirmó.
Mencionó que en 2012, se constató que mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo, la SEP otorgó apoyos económicos a 6 mil 460 escuelas, que representaron el 3.2 por ciento de las 199 mil 442 instituciones de enseñanza básica pública, pero la SEP careció de información sobre cómo se implementaron las seis líneas de trabajo educativo que integran la propuesta pedagógica.
Portal Martínez resaltó que en relación con el logro educativo de los alumnos, los resultados de la prueba ENLACE del ciclo 2011-2012 mostraron mejorías, respecto al ciclo 2007-2008; no obstante, de cada 100 estudiantes evaluados en primaria, 15 se ubicaron en el nivel insuficiente en español y 13 en matemáticas.
En secundaria, de cada 100 estudiantes evaluados, 38 se ubicaron en el nivel insuficiente en español y 49 en matemáticas. Además, entre los ciclos escolares 2007-2008 y 2011-2012, la disminución de las brechas educativas entre las diversas modalidades en primaria y secundaria fueron marginales.
Respecto a la infraestructura educativa, destacó que la SEP no demostró el cumplimiento de las metas del Programa Habilidades Digitales para Todos, de equipar 301 mil 593 aulas de medios para primarias y secundarias generales y técnicas, así como dotar a 65 mil 420 salones de telesecundaria con Tecnologías de Información y Comunicación y materiales educativos, y a otros 155 mil con conectividad.
Para 2012, subrayó, la SEP no había actualizado la totalidad de planes y programas de estudios; los que fueron modificados no dispusieron de criterios de evaluación para medir si la adopción del marco curricular común permitió la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas.
Añadió que sólo el 4.3 por ciento de los 15 mil 427 planteles públicos y privados ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato, de los cuales sólo dos cumplieron con la totalidad de los estándares de calidad educativa establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
De igual forma, a 2012, el 63.4 por ciento de los 112 mil 334 maestros inscritos egresó del Programa de Formación de Docentes de Educación Media Superior, y sólo el 23.4 por ciento certificó sus competencias, lo que representó el 8.6 por ciento del total de profesores que prestaron sus servicios en instituciones públicas de Educación Media Superior.
Respecto a vivienda, precisó que en el periodo 2001-2012, el gobierno federal otorgó un total de 11.5 millones de financiamientos, con lo cual superó en 9.5 por ciento la meta prevista. De esa cifra, el 76.9 por ciento se destinó a la adquisición de vivienda y el 23.1 por ciento al mejoramiento o ampliación.
Subrayó que a 2010, el déficit habitacional se incrementó en 12.8 por ciento al pasar de 12.9 millones de viviendas en 2000 a 14.6 millones en 2010, mientras que el parque habitacional se ubicó en 35.6 millones, de las cuales 28.6 estaban habitadas y 7 disponibles para su uso, lo que detonó una paradoja ante la existencia de 2.8 millones de hogares que requerían de adquisición o reposición.
El titular de la ASF resaltó que los resultados en la materia obligan a revisar la política pública, pues resulta contradictorio que en el país exista un parque habitacional desocupado de 7 millones 10 mil 156 viviendas mientras que 2 millones 759 mil 738 hogares carecen de ella.