La seguridad social en México enfrenta enormes retos porque el 61.2% de la población no tiene acceso a ella; 31.2 millones de personas que se encuentran en la economía informal tampoco cuentan con este derecho, lo mismo que 5.5 millones de la población que no es económicamente activa.
Así lo denunció el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Fernando Mayans Cababal, al señalar que frente a esta realidad es imprescindible su rescate y su promoción entre la sociedad y las instituciones responsables de la seguridad social del país.
Dijo que México no debe mantenerse omiso al exhorto de la Declaración de Guatemala, que oficialmente fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
Recordó que en dicho exhorto se llama a los Estados a que declaren la última semana de abril de cada año como la Semana de la Seguridad Social, en honor a la entrada en vigencia de fecha 27 de abril de 1955, del Convenio 102 (Norma Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo.
Mayans precisó que la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara ha organizado desde 2013 la Semana de la Seguridad Social en el Senado y destacó que, resultado del consenso entre legisladores en el Congreso de la Unión, dependencias del Gobierno federal, organizaciones de trabajadores y empresarios e instituciones académicas, a partir de hoy en todo México celebrará la última semana de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Enfatizó que pasado lunes 18 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la "Semana Nacional de la Seguridad Social", lo que surgió de un dictamen avalado en el Senado el 15 de octubre y en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2015.
Afirmó que el decreto entra en vigor el 18 de enero y en su artículo segundo transitorio señala que dentro del plazo de 120 días contados a partir de su entrada en vigor, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá en el ámbito de sus atribuciones las acciones correspondientes para adherirse formalmente a la Declaración de Guatemala de 2009.