Reclaman senadoras a Procuradora
Las senadoras panistas Silvia Garza Galván y Pilar Ortega Martínez, así como el senador José María Martínez Martínez advirtieron, ante la procuradora general de la República, Arely Gómez González, que México atraviesa por una severa crisis en materia de derechos humanos y tiene un sistema de justicia ineficaz.
“Actualmente nos encontramos en medio de la crisis más grave en derechos humanos en la historia reciente de nuestro país, y los casos de Ayotzinapa, Apatzingán y Tlatlaya así lo demuestran”, aseveró Garza Galván.
“La justicia retardada es justicia denegada”, sentenció la legisladora por Coahuila durante la comparecencia de la titular de la PGR con motivo del tercer informe de gobierno en el rubro de política interior.
Resaltó la prepotente actitud del gobierno federal ante la visita que realizó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para revisar el estado de los derechos humanos en nuestro país.
“El informe preliminar fue presentado apenas hace unos días y desacreditado de forma inmediata por la Secretaría de Gobernación, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que le ruego, señora procuradora, no caiga en el juego en el que han caído otras dependencias de aislarse de la realidad negando su existencia”, indicó.
Sé que lleva poco tiempo en el cargo, agregó, sin embargo los errores, acciones y, especialmente, las omisiones de su antecesor la perseguirán de una forma importante durante toda su administración.
“Sería erróneo afirmar que la procuración de justicia en el país va por buen camino. No podemos permitir que, a sabiendas de que se tenía conocimiento de riesgo de una posible fuga de ‘El Chapo’ Guzmán no se haya tenido la inteligencia de extraditarlo cuando así fue solicitado”, enfatizó.
No podemos tener una Procuraduría con opacidad, acotó, en donde sólo se otorga respuesta a un 45 por ciento de solicitudes de transparencia solicitadas, y no podemos seguir negando una y otra vez que en México no se violan los derechos humanos.
Señaló que una de las seis entidades federativas visitadas por la CIDH fue Coahuila, donde “no se necesita estar más de un par de horas para darse cuenta de la difícil situación en la que se encuentra sumergido mi estado”.
Digo esto, detalló, ya que la forma en la que se ha investigado el asunto de la “megadeuda” contratada de forma irregular por el gobierno estatal ha sido, por decir lo menos, ineficiente.
Por ello, pidió a la PGR ejercer su facultad de atracción para este caso y que se evite “que el juez sea parte, ya que habría que recordar que el actual gobernador es el hermano del ex gobernador causante del “moreirazo” en Coahuila”.
En su turno, Ortega Martínez aseguró que México atraviesa por uno de los momentos más difíciles en cuanto a violencia y respeto pleno a los derechos humanos.
Además, argumentó, el país está sumido en una grave crisis de credibilidad hacia las instituciones por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato, pero también como la fuga de “El Chapo” Guzmán.
Afirmó que la situación que viven las víctimas del delito de ninguna manera es alentadora, como lo demuestra la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en el sentido de que el año pasado había 22.8 millones de víctimas de 18 años o más, lo que significa 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes.
“Ante este panorama y el creciente número de víctimas que claman justicia y reclaman un Estado de derecho, el Poder Legislativo ha expedido las bases tanto constitucionales como legales para tutelar el derecho fundamental de la víctima a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, como la Ley General de Víctimas”, precisó.
Ahora, apuntó, corresponde la aplicación de dichas bases a las instancias competentes para hacer realidad los derechos ahí plasmados.
La legisladora por Guanajuato precisó que estamos en un momento donde queda mucho por hacer en cuanto al sistema de procuración de justicia.
El reto, advirtió, es muy grande porque nos encontramos en un momento crucial para recuperar la confianza y para que en México prevalezcan la justicia y la verdad.
Destacó que nuestro país demanda de la Procuraduría esta transición que anhelamos a un órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito bajo principios de objetividad, lealtad y sin ataduras o sesgos de carácter político.
Necesitamos, demandó, una institución que con rigor jurídico y plena autonomía ejerza con dignidad y pleno respeto al Estado de derecho la defensa de la víctima, y que sea un órgano de acusación eficaz con la capacidad para lograr el esclarecimiento de los ilícitos.
“Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, tal y como previene la fracción primera del artículo 20 constitucional en materia de sistema penal acusatorio, eso, procuradora, es lo que merece nuestro país, eso es lo que demandan y anhelan los mexicanos, un sistema que sí genere justicia y donde prevalezca la verdad”, puntualizó la legisladora panista.
Por su parte, Martínez Martínez mencionó que el acceso a la justicia debe ser un auténtico derecho y no un lujo.
Reveló que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar número 58 de los 193 de las Naciones Unidas en materia de impunidad, y el penúltimo lugar de los 59 países que fueron objeto de ese estudio.
“Estamos hablando de que todas las denuncias de todos los asuntos que debería ver la Procuraduría no se han integrado debidamente y, por tanto, no han concluido en un castigo de acuerdo al delito que se consigna”, alertó.
Incluso, continuó, a la fecha estamos hablando de que casi la mitad de la población carcelaria en nuestro país está sin una sentencia, lo cual no debería ser así.
Por último, el legislador por Jalisco solicitó a la procuradora definir una estrategia para combatir la impunidad, mejorar los procesos que permitan consignar delitos y castigar a los responsables y que no se evada la justicia.