Los indocumentados deben ser vistos como portadores de derechos por cada uno de los legisladores de los países de Centroamérica, México y el Caribe, por lo que deben actuar en sus respectivos Congresos para proteger la vida de este grupo vulnerable.
La diputada Amalia Dolores García Medina afirmó lo anterior en el marco de la IV Asamblea Ordinaria del Consejo Parlamentario Regional sobre Migrantes (Coparem), realizada en San Lázaro, evento de colaboración legislativa internacional que promueve la necesidad de examinar la relación y sinergias existentes entre la migración y el desarrollo.
La legisladora mencionó que este año le corresponde a México la Presidencia Pro Témpore de este organismo, que ella encabezará, desde donde se plantearán iniciativas para garantizar la visión humanitaria hacia los indocumentados.
Refirió que durante la dirección del Coparem, continuará con el proceso de homologaciones de leyes e iniciativas en cada unos de los Congresos de Centroamérica, México y el Caribe para establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos, con el propósito de proteger a los migrantes en esta región.
Afirmó que se deben resolver las causas de la migración y no quitar “el dedo del renglón” en las cosas que se deben atender.
“Los migrantes salen de regiones violentas, con insoportables condiciones de vida, para encontrarse en su camino con el crimen organizado. El reto es lograr el desarrollo económico en sus lugares de origen, para darles oportunidades y así proveerles condiciones dignas de vida”, sostuvo, Amalia García.
La diputada, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, mencionó que por parte del Congreso de la Unión se han coordinado y llevado a cabo tareas en pro de la defensa de los migrantes.
Destacó que aún cuando las Comisiones de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y del Senado de la República son de reciente creación, ya se tiene un trabajo intenso y de mucha responsabilidad.
Recordó que recientemente en el pleno de la Cámara de Diputados se puso a consideración una ley para la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Esto viene a sumarse a otras leyes y normas en varios países centroamericanos en el marco de la homologación, a partir de la cual se puede comparar “cuáles son las iniciativas de ley más adecuadas, y ver qué podemos compartir para trabajar en ello”, añadió.
Opinó que “la nuestra será una ley muy avanzada que puede servir como marco para otras, pero antes debe aprobarse aquí, en el Congreso Mexicano, para después aplicarse”.