La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó con $7 millones 233 mil 675 pesos al proyecto “DRAGON MART”, por incumplir la normatividad vigente al carecer la obra de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Dicha resolución se emitió después de concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que se construye en el predio “El Tucán”, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
El proyecto fue sancionado por no contar con autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos en zonas de humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo inmobiliario.
Adicional a la multa, se impusieron medidas correctivas como la obligación de obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental, y en caso de no obtenerla, aplicar medidas de restauración y compensación por los daños ambientales provocados.
Las medidas también incluyen presentar planos georreferenciados de las obras; presentar estudios de flora, fauna e hidrológico del predio, y realizar una compensación ambiental, por medio de una reforestación superior a la superficie impactada.
Respecto de la compensación ambiental, la PROFEPA trabajará en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para determinar un proyecto de reforestación en una o varias Áreas Naturales Protegidas (ANP) del estado de Quintana Roo.
Cabe mencionar que el juicio de amparo en el que le fue concedida a la empresa la suspensión definitiva contra una posible clausura o suspensión, ha sido sobreseído por la Juez de Distrito; sin embargo, la sentencia correspondiente no ha quedado firme, en virtud de que la misma fue impugnada ante los Tribunales Colegiados.
Es importante señalar que en los próximos días, se dictará en tiempo y forma, la resolución del procedimiento instaurado en materia forestal.
Con estas acciones, la PROFEPA reitera su compromiso para garantizar que todos los proyectos inmobiliarios cumplan con la legislación federal en materia ambiental.