Manejará dos mil millones
Senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría integral de los años 2013 y 2014, sobre las adjudicaciones realizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ayude a conocer la forma en que se utilizaron los recursos públicos ejercidos.
Asimismo, solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2016 se revisen de manera detallada los recursos que se otorgarán al IFT.
Los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, del PAN; y Armando Ríos Piter, del PRD; exhortaron además a la Cámara de Diputados a nombrar, a la brevedad, a los contralores internos del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En este sentido, los legisladores refieren en un punto de acuerdo, que a más de dos años de la integración del IFT y la Cofece estas instancias siguen sin tener un contralor que, de acuerdo a lo establecido en la ley, debe ser designado por la Cámara de Diputados. Dicha falta impide cumplir con el mandato de fiscalizar los ingresos y egresos de las instituciones, así como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, señalan.
Respecto a la auditoria de recursos, los senadores del PAN y PRD hacen referencia a diversas erogaciones que “son cuestionables”; por ejemplo, la del l9 de marzo de 2015, cuando el IFT adjudicó de manera directa 60 mil 839 pesos a Martha Lamas Encabo por la impartición de una sola conferencia.
Una erogación del 25 de noviembre de 2014, por tres millones 300 mil pesos, al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), donde laboraba la comisionada Labardini Inzunza, por la elaboración de un “análisis de disposiciones legales en materia de competencia económica y su vinculación con otras disposiciones previstas en los marcos legales aplicables a las telecomunicaciones y la radiodifusión.”
Por lo anterior, se precisa en el documento, que es una violación al mandato constitucional y legal la falta de nombramiento de los contralores, pues resulta en una falta de vigilancia a dos organismos autónomos que disponen de amplios recursos.
En el caso del IFT ha triplicado su presupuesto de 2013 a la fecha, al pasar en ese año de 659 millones de pesos a dos mil millones para 2016, lo cual resulta peligroso sin una fiscalización en términos de ley.
La solicitud de los senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter fue turnada a la Cámara de Diputados.