*Corrupción cuesta al país 341 mil millones de pesos
*Genera pérdida de 2 por ciento del PIB
*Representa 15 por ciento de la inversión pública
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados presentó conclusiones y 12 recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2013.
Al hacer entrega del documento a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente de la comisión, diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo, afirmó que este informe, fruto de un trabajo responsable, serio y profesional, revela que los resultados siguen siendo muy negativos.
Indicó que la recurrencia de irregularidades y el hecho de que los dictámenes negativos vayan en aumento, ponen de manifiesto que existe dificultad para elevar la calidad del gasto, en un contexto donde las prácticas son contrarias a la normatividad y al marco jurídico, “situación que es imprescindible erradicar, porque mantiene áreas de opacidad propensas a actos de corrupción e impunidad”.
Explicó que, de acuerdo con el Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción ha costado al país 341 mil millones de pesos, y que un aumento del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la corrupción genera una pérdida del 2 por ciento en el crecimiento económico del país. Lo que significa que, en ese año, el nivel de corrupción representó el 15 por ciento de la inversión pública en México.
Sostuvo que en el país permanecen muy arraigadas la deshonestidad y la impunidad. La falta de seguimiento o de medidas concretas, se traduce en carencia de castigo a los responsables, ya que la acción fiscalizadora se queda en una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública.
“Hemos dado un gran e importante avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que pretende erradicar este mal que tanto le ha costado al erario público. El Sistema Nacional Anticorrupción nos proporciona el andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar todos éstos actos en los tres niveles de gobierno y además castigar las conductas ilegales de los particulares”, añadió.
Arriola Doroteo puntualizó que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas es uno de los elementos básicos para el desarrollo adecuado de la vida democrática en el país, y que un factor clave que la sustenta es el manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
Reiteró su agradecimiento a los integrantes de la comisión “quienes han sido pieza fundamental para los avances de la construcción de un nuevo esquema de fiscalización, mismo que será clave para el combate a la corrupción, a la opacidad, al abuso de muchos servidores públicos en el manejo de los recursos que son de todos los mexicanos”.
Al hablar de la Cuenta Pública 2013, recordó que la ASF practicó mil 413 auditorías a 564 entes públicos. Se realizaron 149 de desempeño, 721 financieras y de cumplimiento, 14 forenses, 142 inversiones físicas, 376 financieras con enfoque de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 13 estudios.
Se determinaron 8 mil 915 observaciones, que dieron lugar a 10 mil 871 acciones; de ellas, 6 mil 902 de carácter preventivo y 3 mil 969 correctivas. Además, se promovieron 5 mil 299 recomendaciones, mil 321 promociones de responsabilidad administrativa-sancionatorias, mil 798 pliegos de observación, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 10 multas.
A su vez, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, resaltó que uno de los principales factores que promueven la democracia es que el elector cuente con información objetiva, y basada en hechos concretos, respecto al desempeño de las administraciones, tanto locales como a nivel nacional, para que emita su voto razonadamente; de ahí que la fiscalización superior sea uno de los elementos que el ciudadano puede utilizar para normar su criterio.
“La voluntad de hacer llegar, de manera clara, comprensible y oportuna los resultados de la revisión de la Cuenta Pública -y que ha sido una constante en el compromiso de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia- representa una aportación a la concientización del votante”, afirmó.
Sostuvo que en la reciente aprobación de las reformas que permitirán, a nivel constitucional, dar forma a un Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto, de manera explícita, que la fiscalización superior represente uno de sus principales ejes.
Sin embargo, dijo, “existe una preocupación tanto de la ciudadanía como de los actores en medios políticos, académicos y de formación de opinión, sobre el impacto de la corrupción en la calidad de vida del ciudadano y el desarrollo social del país, situación que obliga a que, en todos los órdenes y ámbitos, sumemos nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones consensuadas, coordinadas y de mayor aliento”.
Mencionó que la concepción sistémica del problema, el involucramiento de un conjunto amplio de dependencias e instituciones, y el nivel de importancia del tema en la agenda nacional, refieren a una situación inédita que requerirá de los participantes en este proceso un compromiso decidido y la revisión a fondo de una serie de paradigmas que pueden no ser funcionales con los efectos que se busca producir.
Portal Martínez expresó que la definición de un marco legal apropiado para que las distintas partes del Sistema puedan actuar, cooperar y complementarse mutuamente representa una importante tarea para la próxima Legislatura; sin embargo, aclaró, “no sería posible sin la manifestación de voluntad política y de asumir una acción de Estado por parte de quienes hoy ostentan la representación de la ciudadanía”.
Resaltó que una obra de la envergadura del Sistema Nacional Anticorrupción será resultado de años de trabajo, en los que los esfuerzos de cada integrante se acumulen hasta lograr un cambio cualitativo. “Proporcionará el marco adecuado para la participación coordinada de todos aquellos agentes que tienen como mandato tareas vinculadas con la rendición de cuentas, siempre que haya la legislación secundaria idónea”.