El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, anunció que su bancada no aprobará el nombramiento del fiscal especializado en el combate a la corrupción mientras se carezca de una legislación que le permita realmente investigar y sancionar prácticas de esta naturaleza.
En conferencia de prensa, indicó que frente a los escandalosos hechos de corrupción que son del dominio público, su Grupo Parlamentario tomó esta determinación por la actitud de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de frenar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita combatir este flagelo.
“No es posible que a unas horas de cerrar el periodo ordinario de pronto el PRI saque una contrapropuesta que frena un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Yo no sé si al ver la situación que se ha presentado en el país, ellos hayan decidido meter reversa en el tema porque finalmente los actos más graves de corrupción son señalados hacia su propio gobierno”, apuntó.
El nombramiento para encabezar la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, dijo, debe ser uno de los actos de mayor responsabilidad del Senado y debe ser aprobado por todas las fuerzas políticas, por lo que rechazó que una mayoría se imponga para designar un fiscal a modo y sin herramientas para combatir la corrupción.
Destacó que los perfiles propuestos son muy buenos pero debido a que no existe la legislación que se requiere para “aplicar y revisar todos estos casos escandalosos, hemos decidido no aprobar al fiscal especializado en materia anticorrupción en este periodo”.
El senador panista sostuvo que sin el Sistema Nacional Anticorrupción se tendría un fiscal de aparador y no un fiscal que realmente pueda investigar todos los actos de corrupción, particularmente aquellos que se vinculan con el Ejecutivo federal.
Advirtió que con la ley actual el fiscal especializado sólo iría a lavarle la cara al gobierno, estaría atado de manos y sin facultades para ejercer el cargo a plenitud.
Preciado Rodríguez confió que en que se haga una nueva convocatoria en el Senado y se establezcan los acuerdos necesarios para modificar la legislación a fin de contar con un fiscal de verdad y no como lo pretende el Ejecutivo federal.