Sin ofrecer mayor información y mucho menos revelar identidades, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que cuatro millones de hectáreas fueron solicitadas como terrenos nacionales.
Y sin mencionar lugares ni precios, el funcionario se preguntó si es justo que un solo mexicano, “a través de este mecanismo, anquilosado y atávico, pueda ser poseedor, mientras en las ciudades se enfrenta el problema de cómo darle espacio a la vivienda popular a construirse a partir de 2.5 salarios mínimos”.
Esto ocurrió el lunes pasado en la Cámara de Diputados, donde Ramírez Marín se reunió con legisladores federales de la comisión respectiva, en busca de soluciones a la problemática del desordenado crecimiento urbano y territorial que experimenta el país.
Les dijo a los diputados que se requiere de un nuevo sistema de planeación y de un mejor diseño institucional, pues “no basta con la creación de esta Secretaría. La política del gobierno es el desarrollo territorial, planificado y con orden”.
Fue aquí cuando el titular de la Sedetu soltó sin mayor abundamiento: “Cuatro millones de hectáreas fueron solicitadas como terrenos nacionales y me pregunto si es justo que un sólo mexicano, a través de este mecanismo, anquilosado y atávico, pueda ser poseedor, mientras en las ciudades se enfrenta el problema de cómo darle espacio a la vivienda popular a construirse a partir de 2.5 salarios mínimos”.
Pero fue todavía más explícito en los problemas que enfrenta su misión: “Los pobres de México, o tendrán que vivir en las lomas, en lo más lejos y feo o nos esforzamos por encontrar la manera de articular vivienda en zonas céntricas y en las que puedan estar cerca del empleo y evitar ese 60 por ciento del costo que representa en su salario el pago de hipoteca más el del transporte”.
Por ello resaltó que es imprescindible resolver el tema de financiamiento, dado que 40 por ciento de los habitantes vive en hacinamiento y pidió a los diputados trabajar en las políticas de desarrollo urbano de manera coordinada.
Lo anterior porque en 40 años la población en 383 ciudades con más de 15 mil habitantes aumentó en 210 por ciento. “Somos un país cuya concentración poblacional en las ciudades se disparó”.
Finalmente indicó que el proyecto de desarrollo y ordenamiento territorial del actual gobierno, es la democratización del espacio público, es decir, el derecho real de todos a vivir bien, no sólo desde el punto de vista económico sino desde la visión de los derechos humanos, para ordenar el territorito, buscar un desarrollo urbano y tener una vivienda acorde.