Max Agustín Correa Hernández, Secretario General de la Central Campesina Cardenista (CCC), demandó al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, incluir en el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre a organizaciones campesinas a fin de apoyar la estrategia y se obtengan mejores resultados en el corto plazo.
En entrevista, Correa Hernández asentó que una de las primeras propuestas que presentará la CCC es que esta estrategia del Gobierno Federal se vea reflejada en las Reglas de Operación de las Secretarías de Agricultura (SAGARPA) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a fin de hacerlas más flexibles y además crear la reserva estratégica de alimentos y atender de manera urgente a la población de los municipios del sur-sureste del país.
“De no contemplar propuestas de organizaciones campesinas, el anuncio de la Cruzada contra el Hambre sería meramente un "discurso mediático", sentenció el dirigente de la CCC.
Recordó Max Correa Hernández que la población rural asciende a cerca de 38 millones de habitantes, las comunidades indígenas están integradas por 15.7 millones, según el Censo Poblacional y Vivienda 2010. Asimismo, hizo ver que los estratos campesinos más pobres se concentran en Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí.
“Eso nos permite –expuso- que es imprescindible promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional por sí solo y los grandes agricultores, así como las trasnacionales quienes nos den la solución a la crisis alimentaria”.
Por eso, agregó, se requiere recuperar formas y modelos de producción local que permitirán la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos.
Para Max Correa Hernández la soberanía alimentaria debe convertirse en eje fundamental del desarrollo rural, reglamentar la Reforma Constitucional de 2011 que establece el Derecho a la Alimentación, desarrollar una estrategia que incorpore al Sur-Sureste al proceso de desarrollo nacional, incorporar a las familias campesinas a los esquemas de producción, por lo tanto, los pequeños y medianos productores y campesinos deben ser atendidos como tal y no solamente como pobres.
Igualmente, subrayó que la Cruzada contra el Hambre debe plantearse como meta la disminución del 30% en las importaciones de alimentos en los siguientes 6 años, modificar radicalmente la estructura presupuestal para que el gasto público se convierta en palanca y motor del desarrollo y no se quede como hasta ahora con 96% apoyando a los agroindustriales.
Recomendó prevenir los retos del futuro que consisten en la obligación de incrementar la producción de alimentos en los próximos 40 años en un 70%, en tal sentido habrá que modificar las políticas públicas que al respecto correspondan.
Sin embargo, externó su beneplácito por la Cruzada contra el Hambre que puso en marcha el Presidente Enrique Peña Nieto y el cual entra en vigor este miércoles.