El Senado de la República aprobó en la sesión de este jueves un proyecto de decreto para incluir a la Ley de Vivienda los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria.
El dictamen por el que se reforman diversos artículos de este ordenamiento, plantea que el Programa Nacional de Vivienda contenga los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución.
Dispone que los acuerdos y convenios que se celebren con los sectores social y privado tengan por objeto buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, mediante mecanismos que beneficien preferentemente a la población que se encuentre en estas situaciones.
Además, sugiere que los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.
“En todo caso --precisa el proyecto-- estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales”.
Al hablar sobre la propuesta, la senadora María Elena Barrera Tapia destacó que 35.7 millones de mexicanos, es decir, nueve millones de hogares, se encuentran en situación de rezago habitacional y más de dos millones en hacinamiento.
La senadora, también presidenta de la Comisión de Vivienda, dijo que “la exclusión social es algo más que mera pobreza, se trata por tanto de una acumulación de problemas que tenemos que darles solución”, por lo que los programas sociales deben de ser integrales, a fin de incorporar a todos los grupos que se ven limitados a acceder a ellos por alguna circunstancia.
Barrera Tapia reiteró que la pobreza, vulnerabilidad y marginación son situaciones que afectan directamente y de forma determinante la calidad de vida y cualquier atención que brinden los estados a estos temas deberá de abordarse de manera integral y preferente.
Explicó que actualmente, la Ley de Vivienda incluye expresamente la atención de personas en situación de pobreza, pero olvida a aquellos en condiciones de marginación o de vulnerabilidad, que son factores prioritarios de protección que debe garantizar el Estado mexicano.