La senadora Gabriela Cuevas Barron, anunció que presentará un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ante el Pleno del Senado, para exhortar al Senado de los Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el “Caso Avena”, fundamentalmente en lo referente al respeto a los derechos humanos de los mexicanos que están sujetos a procesos y cuyo castigo es la pena de muerte en ese país.
La legisladora lamentó que México ocupe el primer lugar por sentenciados a la pena capital en territorio estadounidense. En la actualidad, de los 63 mexicanos condenados a muerte en el extranjero, 60 se encuentran en distintos estados de la Unión Americana. Por ello, dijo, “es necesario agotar todos los canales diplomáticos para proteger su derecho a la vida”.
“Nos indigna constatar que el vecino país de norte ha pasado por alto el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en perjuicio de 51 mexicanos, al no hacerlos conocedores de su derecho a contactar a su consulado y al no informar al gobierno mexicano sobre la detención de sus connacionales”, sentenció.
Informó que en enero de 2003 el gobierno mexicano acudió ante la Corte Internacional para exponer que estos mexicanos habían sido sentenciados a la pena de muerte sin que se hubieran respetado sus derechos consulares.
La senadora Cuevas comentó que derivado de este conjunto de violaciones, en 2004 la Corte Internacional de Justicia ordenó que los expedientes de los mexicanos sentenciados fueran revisados y reconsiderados judicialmente, imponiendo una segunda obligación a los Estados Unidos consistente en el otorgamiento de garantías de no repetición.
Sin embargo, expuso: “Las señales que vemos es que ese país persiste en su afán de ignorar este ordenamiento y los derechos procesales de los imputados, como son la no autoincriminación, a ser asistido por un abogado, a la presunción de inocencia, a un traductor y muchos otros”.
Dijo sentirse preocupada por algunos casos en particular, como el de Edgar Tamayo, cuya ejecución está programada para enero del próximo año y el de César Roberto Fierro Reyna, quien lleva más de 30 años encarcelado.
Insistió: “Indigna ver que a casi 10 años de dicha sentencia, Estados Unidos siga sin cumplir esa resolución y que siga ejecutando a mexicanos, en abierto desafío al fallo Avena y en perjuicio de mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos, violentando sus derechos humanos”.
“Por tal motivo, reafirmo que los representantes legislativos no podemos quedarnos con los brazos cruzados pues se trata de una violación flagrante de los derechos elementales de nuestros connacionales”.
Mencionó que es deber de esta soberanía hacer respetar los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país. “Ponerlos a salvaguarda es y será nuestra principal prioridad”.
Aclaró que considerando que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha determinado que el fallo Avena no es ejecutable y que, para ello, es necesario que haya una armonización en la legislación interna, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pena de Muerte celebrado el pasado 10 de octubre, propondrá que el Senado mexicano exhorte al Congreso estadounidense para que apruebe una legislación que permita a Estados Unidos dar pleno cumplimiento a los compromisos que asumió al ratificar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y, de esta manera, se acate la decisión emitida en el Caso Avena.