El fracaso de la estrategia económica y el descontento social son tan evidentes en México, que el 17 de febrero de este año el presidente Enrique Peña Nieto convocó de manera urgente a los titulares de las Secretarías del gabinete que integran el capítulo denominado: “México incluyente”.
En esa reunión el jefe del Ejecutivo federal les dijo: “De una vez por todas y para siempre, ponga fin a las políticas asistenciales e impulsen la productividad social”.
Esto lo reveló el senador Luis Sánchez Jiménez y dijo que así Peña Nieto intenta enderezar el rumbo de la nación, dándoles instrucciones para que impulsen la productividad social.
“Desde hace décadas, la izquierda mexicana ha propuesto innovar políticas públicas para revertir esta situación, con el objetivo de cambiar los 2 paradigmas sobre los que se han sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta, el estatismo y el neoliberalismo”, expuso el legislador al hablar desde la tribuna parlamentaria.
Y añadió: “Nuestra propuesta ha sido la de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social, colaborativa e idónea para generar empleos formales y dignos de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente, y no desde una visión asistencial, ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro país desde 1989”.
Impulsar la economía social, precisó, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía desde una visión orgánica que promueva un desarrollo social, justo y equilibrado.
Insistió en que es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar.
Dijo que en México nos hemos empeñado en debilitar a la economía social: primero, la reforma a los artículos 28 y 123 de 1990 para acabar con la banca pública y debilitar la banca social. A esto sumamos la reforma agraria del salinato que debilitó al ejido y la economía campesina sustentada en la propiedad ejidal y comunal.
Indicó que es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de la problemática que generan las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales promoviendo los cambios estructurales para avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social regida por un Estado social, democrático y de derecho.
“Por ello propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas, para crear la Secretaría de la Economía Social y Solidaria”.