Expedir Ley del Seguro Federal de Desempleo
Se remitió a la Comisión de Seguridad Social la iniciativa del diputado Gerardo Villanueva Albarrán que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, cuyo objetivo es crear y normar este derecho como medida de protección para los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan dejado o sido separados de su empleo formal de manera temporal.
Se establece que el seguro podrá ser otorgado por un periodo de seis meses y, sólo por una vez, cada dos años. El monto ascenderá a 30 días de salario mínimo y será entregado mensualmente al beneficiario mediante el procedimiento que la propia secretaría determine.
Instituto Nacional de Migración, órgano autónomo
La diputada Lorena Iveth Valles Sampedro presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 y adicionar el 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, con el propósito de que el Instituto Nacional de Migración sea un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.
De igual forma, establecer los requisitos para ser comisionado del instituto y que éste órgano rinda anualmente un informe público al Congreso de la Unión sobre la situación migratoria, como la entrada y salida de los migrantes extranjeros y nacionales, deportaciones, fallecimientos y delitos cometidos por servidores públicos en contra de ellos. Se envió a la Comisión de Asuntos Migratorios.
Refugiados
La diputada Mónica García de la Fuente planteó cambios a la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, con el objetivo de incluir como causal del cese de reconocimiento de la condición de refugiado a quien solicite este mismo estado en otro país.
Esta medida, dijo, beneficiaría a los migrantes en virtud de que al no contar con el reconocimiento de la condición de refugiado en México, serán candidatos para obtenerlo en el país donde lo estén solicitando, lo que garantiza su derecho a migrar a la nación que elijan.
Crear Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
El diputado Javier Orozco Gómez propuso expedir la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo objetivo sería diseñar y conducir las políticas públicas en la materia, que permitan a los jóvenes desarrollarse dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, e incorporarse plenamente al desarrollo del país.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Juventud y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que los jóvenes en México representan la cuarta parte de la población, con una cifra de 29.7 millones. La tasa de ocupación es de 91.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de 15 a 29 años, lo que significa que el 8.7 por ciento se encuentra desocupada.
Establecer funciones, obligaciones y relaciones entre las capitanías de puerto
En su turno, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva planteó cambios a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; de Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos, para establecer las funciones, obligaciones y relaciones entre las capitanías de puerto, la Secretaría de Marina y el Centro Unificado para la Protección Marítima, en materias de protección marítima y portuaria, búsqueda, rescate y salvamento.
Explicó que el propósito es que las actividades en estas materias estén claramente definidas, sin posibilidad de yuxtaposición o de conflictos de competencias, que confundan a los gobernados, a quienes se dirige la norma regulatoria, y que puedan tener consecuencias legales en los actos de autoridad que cada una de ellas ejecuta o emite. Se turnó a las comisiones de Gobernación, de Marina y de Transportes.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo analizarán la iniciativa del diputado José Arturo Salinas Garza que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, referentes al Ramo 28 y la Fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal contenida en el Ramo 33, con el objetivo de garantizar que ningún estado ni municipio vea disminuidos sus recursos actuales.
Asimismo, dar prioridad y asignar los recursos equitativamente, y con los objetivos que el Poder Legislativo les asignó de origen; esto es, fondos resarcitorios y compensatorios a Estados y Municipios, e incluir las sanciones necesarias para evitar reinterpretaciones normativas locales, coerciones programáticas, desvíos de recursos, la obligatoriedad del flujo de información y otras acciones de participación comunitaria y de transparencia.
Deducir pagos por cursos de idiomas
En tanto, el diputado Federico José González Luna Bueno planteó modificaciones al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que los contribuyentes puedan deducir fiscalmente los pagos por cursos de idiomas, a fin de abatir la brecha entre quienes no pueden tomarlos por falta de recursos.
Detalló que el apoyo se dirige exclusivamente a personas físicas, al permitir la deducibilidad de los pagos que se destinen a los estudios de idiomas extranjeros que curse el propio contribuyente, su cónyuge o sus hijos menores de edad, siempre que se realicen en instituciones con reconocimiento oficial. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Distribución de participaciones
La diputada Lilia Aguilar Gil planteó reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin fortalecer el sistema municipal con un aumento en la distribución de participaciones y aportaciones. Es decir, que del 80-20 de repartición entre estados y municipios pase al 75-25.
Denunció que actualmente el sistema actual de distribución no garantiza equidad; por el contrario, genera un desentendimiento de la eficiencia del gasto y la recaudación por parte de las entidades federativas y municipales. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Derechos humanos
El diputado René Fujiwara Montelongo presentó iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política para que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales cuenten con la protección de las acciones de inconstitucionalidad que otorga la Carta Magna.
Consideró que es necesario llevar a México por una nueva ruta, donde el principio de progresividad de los derechos humanos se haga verdaderamente efectivo, implementando una legislación más pertinente para la protección de las personas. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.